Luego de que el Congreso de la República apruebe una investigación express a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), diversos sectores se han pronunciado y lo han rechazado. Esta le da potestad a la Comisión de Justicia iniciar el proceso en solo dos semanas.
El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, no descartó llegar hasta las últimas instancias para que se respete la “institucionalidad”, por lo que afirmó que podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sin duda alguna [lo llevaríamos a la CIDH] ya ha ocurrido antes. Hoy muchos colegas suyos recuerdan lo ocurrido en 1987 cuando el Congreso de la República destituyó a tres miembros del Tribunal Constitucional. Por supuesto que esa decisión arbitraria fue revertida”, indicó a Canal N.
Vásquez recalcó que no están “defendiendo un puesto de trabajo”, sino que lo que se intenta realizar es “inconstitucional”, debido a que no solo “viola el debido proceso” al ser investigado en 14 días. Además, de que “carece de indicios” para iniciar un proceso.
“Constitucionalmente y jurídicamente es una barbaridad que no podría prosperar en ningún Tribunal del mundo”, agregó.
De esta manera, aseguró que agotará todas las medidas que sean necesarias para defender “la independencia”. Al igual que confía que la justicia nacional o supranacional darán la razón a los integrantes de la junta.
Habría intereses
El vicepresidente aseguró que detrás de estas decisiones habría interesados “para afectar la institucionalidad”. Esto debido a que los miembros tienen atribuciones para designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Ante ese vació, el propio Congreso tendría que legislar normas extraordinarias para cubrir ese vacío con consecuencias que podrían resultar, totalmente, imprevisible”, agregó.
Asimismo, indicó que la congresista Patricia Chirinos promueve estos actos desde hace mucho tiempo. A su vez, recordó la destitución de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de quien también se pronunciaron y es uno de los sustentos de la legisladora para que se le investigue a la JNJ.
Vásquez también recordó cuál es la función de esta junta y que es un organismo autónomo, por lo que precisó que si se llega a dar el cambio de toda la junta existiría un “quiebre del ordenamiento constitucional peruano”.
Rechazan investigación
Por su parte, Transparencia exhortó al Parlamento a considerar las “graves consecuencias” que sería la remoción de los integrantes, debido a que se estaría vulnerando la institucionalidad.
“La JNJ tiene facultad de nombrar y ratificar a los magistrados, así como sancionar a jueces y fiscales, titulares y provisionales, de todos los niveles y a instituciones claves como la ONPE y el Reniec. Sin embargo, en los últimos meses, somos testigos de acciones de diversos actores que buscan debilitar su autonomía, independencia y competencias”, se lee.
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