Exfiscal Víctor Cubas cuestiona investigación contra la JNJ: “Se está manifestando actos de abuso de poder por parte del Congreso”

El jueves pasado se conoció que el Congreso iniciará una investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Comisión de Justicia y Derechos Humanos será la encargada de llevar a cabo este proceso en 14 días hábiles y, tras este plazo, presentará un informe final que podría acabar con la destitución express de los magistrados Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.

Infobae Perú entrevistó al exfiscal supremo Víctor Cubas, quien señala en la siguiente entrevista que esta arremetida del Legislativo no es más que el inicio de la captura del sistema judicial para que algunos sectores políticos logren sus objetivos particulares. Además, cuestiona a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los recursos que ha presentado ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con el fin de bloquear las investigaciones que hay en su contra en la JNJ que podrían desencadenar en su salida del cargo.

—El Congreso ha dispuesto una investigación sumaria de 14 días contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Cuál es su reflexión de este asunto?

—En realidad lo que se puede percibir desde el Congreso, ya hace varias semanas, es un conjunto de actos de persecución en contra de la Junta Nacional de Justicia. Se manifiesta en el hecho de que han presentado una denuncia constitucional sin fundamento alguno con tres de sus miembros, y ahora es una investigación sumaria con fines de destituir a todos. Esa es una clara manifestación de actos de persecución en contra de la JNJ que se enmarcan dentro del ánimo de controlar todo el sistema de administración de justicia.

Desde el momento en que se materialice la destitución de los miembros de la junta, lo que harán es constituir otra que se encargaría de nombrar magistrados funcionales a estos grupos que están controlando actualmente el Congreso y, en general, el sistema político del país. Ahora, digamos, la decisión, evidentemente, catorce días, como le repetía, no existen las garantías.

—¿Usted observa que en este proceso no habrá un mínimo de garantía del debido proceso?

—Indudablemente que no hay ningún tipo de garantía, y lo que se viene observando es que el Congreso se basa no en argumentos de hecho y de derecho, sino en la fuerza de sus votos. Eso se ha materializado ya en varios actos, ¿no? La elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que a la postre inclusive dio lugar a una demanda competencial, y que el tribunal, elegido por ellos mismos, les ha dado la razón, ¿no?

Por otro lado, hay falta de garantías en el caso de la elección del defensor del Pueblo. El Congreso se ha impuesto lejos de toda garantía de transparencia y de participación ciudadana, colocando en el cargo, tanto en el TC como en la Defensoría, a profesionales que son funcionales a los intereses no institucionales de quienes están controlando el Congreso actualmente.

Entonces, en relación al proceso que se va a seguir a los miembros de la JNJ, no hay ninguna garantía, no hay argumentos de hecho ni de derecho, pero hay la fuerza de los votos de esos grupos interesados en controlar totalmente todas las instituciones y en eliminar todas las formas de control dentro de un ánimo de gobierno totalitario, arbitrario y dictatorial.

—Dos de los argumentos que esgrimen los defensores de las indagaciones contra la JNJ es que no es un poder del Estado y que hay un antecedente ocurrido con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2018. ¿Hay algún punto de comparación con lo que pasó con el CNM?

—Los ejecutores de este acto [la investigación contra la JNJ] carecen totalmente de argumentos y quieren ofender a la inteligencia ciudadana pretendiendo argumentar algo que está muy lejos de ser argumento. No puede haber una comparación entre las acciones de la Junta Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Magistratura.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el órgano que antecedió a la JNJ, estuvo integrado igualmente por siete personas, pero que fueron destituidas en 2018 por estar involucrados en graves actos de corrupción. ¿El Congreso tiene distribuciones para destituir a los magistrados que están dentro del rango de altos funcionarios del Estado? Sí, pero no pueden hacerlo por cualquier razón ni motivo, ni menos porque no le guste a uno o más de los integrantes del Congreso. La destitución es una sanción máxima que se debe dar sólo en el caso de que haya una grave infracción a la Constitución o la comisión de delitos, como fue en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, no hay similitud mínima alguna, ¿de qué se le está acusando a la Junta Nacional de Justicia?

—Se menciona que sacaron un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

—O sea, exhortar a un órgano del Estado para que ejerza razonablemente sus funciones es una grave infracción. Lo otro que señalan es que estarían involucrados en actos de interferencia en el ejercicio de las funciones y tráfico de influencias porque al locutor de Willax [Phillip Butters] se le ocurrió sostener que, y lo ha manifestado en condicional, miembros de la JNJ habrían tratado de influir en sus colegas del Poder Judicial para que saquen un pronunciamiento a favor de la exfiscal Ávalos. Eso no está corroborado.

Y eso no puede ser argumento que dé lugar a un juicio sumario y menos a una destitución. Acá se está vulnerando todo tipo de principios de un Estado de Derecho y se está manifestando actos de abuso de poder por parte del Congreso. ¿Qué se basa en la fuerza de los votos? Claro. Ahora pasarán. Pero en el futuro se les establecerá responsabilidades, como ya se ha hecho en otras ocasiones, a quienes han promovido y participado en estos actos ilícitos porque son abuso de poder. Existe un tipo penal de abuso en el ejercicio de sus funciones. Tendrán en su momento que asumir su responsabilidad.

—El doctor Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, no ha descartado que acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso toda la junta sea destituida. ¿Los magistrados no deberían esperar a ese escenario y, más bien, tendrían que solicitar alguna medida para tratar de bloquear esta investigación express del Parlamento?

—El Congreso de la República está en una actitud netamente victorial. Al margen de todo principio de derecho y de las normas constitucionales, no tiene límite ni escrúpulo alguno en hacer lo que está haciendo. Y a mí no me queda la menor duda de que van a imponer su criterio de destituir a los miembros de la JNJ, pero eso es ilegal. Eso es alterar el orden constitucional y romper el equilibrio de poderes. Y respecto a ello, indudablemente, ha habido pronunciamiento de organizaciones de Derechos Humanos, pero también de Naciones Unidas. Sin embargo, al interior del Congreso, ¿qué se viene haciendo? También se viene promoviendo un movimiento para que el Perú se salga de la competencia contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es precisamente para tener las manos libres, para que no haya ninguna voz que haga ver que están cometiendo un conjunto de arbitrariedades.

Sin embargo, y mientras tengamos la posibilidad, cualquier ciudadano puede recurrir a los órganos supranacionales denunciando la violación de derechos fundamentales y denunciando el quebrantamiento del orden constitucional que viene ocurriendo ya desde hace varios meses durante la permanencia de este gobierno.

—En 1997, los entonces magistrados del TC —Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo— se negaron a apoyar una ley que facilitaba la segunda reelección de Alberto Fujimori. Como consecuencia, fueron sometidos a un juicio político y terminaron destituidos. ¿Lo que pasa hoy con la JNJ es una situación parecida?

Estamos en una situación parecida, pero no igual. La situación actual es más grave. La historia lamentablemente se repite. Quien promovió la destitución de los magistrados del TC en 997 fue el señor Enrique Chirinos Soto, quien es padre de la legisladora Patricia Chirinos, promotora de la salida de los miembros de la JNJ. Ella pretende ser la lideresa, por supuesto, sin llegar al nivel intelectual que tuvo su padre. Pero la cosa se repite. Yo estoy seguro que basados en la fuerza van a conseguir sus objetivos, pero esas son victorias efímeras y, en su momento, tendrán que asumir sus responsabilidades, como ocurrió en 1997. Destituyeron a tres miembros del Tribunal Constitucional, pero después dentro de un régimen democrático se les repuso en sus cargos y el TC volvió a funcionar.

En Latinoamérica desgraciadamente se repite, ya estamos acostumbrados dentro de esta política de pendular. Tan pronto estamos en un gobierno que respeta el orden constitucional como tan pronto estamos en un gobierno que no respeta el orden y que comete un concurso de arbitrariedades. Pero eso es efímero, repito, y en su momento tendrán que asumir sus responsabilidades.

—La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dicho que no la traten de relacionar a la decisión del Congreso de investigar a la JNJ. Sin embargo, uno de los puntos de la moción de Patricia Chirinos se refiere a una presunta filtración de la información de sus casos a IDL Reporteros. ¿Percibe que ella tiene alguna coordinación con los parlamentarios para protegerse?

—Indudablemente, sí. Indudablemente hay un concierto de voluntades entre la Fiscalía de la Nación, entre el presidente del Poder Judicial, entre los directivos del Congreso, y del Poder Ejecutivo. En este momento hay un gobierno en el cual se da un concierto de voluntades para traerse abajo el orden constitucional para gobernar sin control alguno porque eso es propio de lo que ha venido ocurriendo.

—¿Qué piensa sobre los recursos presentados ante el Poder Judicial y el TC?

—Estos pedidos de la Fiscal Benavides para que el TC le pueda dar una medida cautelar para evitar ya las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia, y lo que desde el Poder Judicial ya le han permitido suspender estas acciones, demuestran que no quiere rendir cuentas por medidas que habría tenido en el ejercicio de sus funciones como tratar de interferir en las investigaciones contra sus familiares e incluso no responder por su tesis. La Fiscalía de la Nación al final trata de buscar todo un marco para blindarse, no responder ante la justicia o incluso posiblemente poder entornillarse más allá del tiempo establecido para ella.

Acá la actitud es completamente contraria. Yo no me explico por qué recurrir al TC pidiendo una medida cautelar cuando ya lo tiene la medida cautelar del Poder Judicial y ya de antemano sabe que le van a dar la razón. Entonces va a cometerse cualquier tipo de actos, inclusive actos de corrupción y no se va a poder investigar. Yo me pregunto y con qué autoridad moral entonces un fiscal le abre investigación al Ministro de Justicia por las llamadas que tiene como miembros de los Cuellos Blancos. ¿Por qué con la misma razón no se le abre investigación a la propia fiscal de la Nación que tiene también conversaciones con miembros de esa organización criminal? Es evidente que lo que se quiere es tener manos libres para direccionar las investigaciones y de esa manera salvarse de los actos arbitrarios en los que esté involucrada y salvar a sus familiares igualmente de los actos presuntamente delictivos en que se dice que está involucrada.

—Esta semana también se informó que la Fiscalía dispuso ampliar por 45 días más las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas en las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. ¿Observa que al final se procesarán a los culpables de estas perdidas humanas?

—Yo pienso que es una forma de presentarse ante la opinión pública para decir ‘estoy haciendo el trabajo’, pero en el fondo la decisión ya está tomada. En el momento oportuno van a pedir el archivo definitivo de esos casos. Y como acá es un juego de favores, a ella [la fiscal de la Nación Patricia Benavides] le van a enrostrar el favorecimiento que hizo para su hermana [la jueza Emma Benavides]. Entonces, acá juegan en pared para beneficiarse recíprocamente unos a otros. La señora presidenta de la República, muy suelta de huesos, sale a decir que ella no es la responsable de las muertes, sino de los que asistieron a las manifestaciones.

Ese argumento ha sido esgrimido en cantidad de oportunidades en que se han cometido actos de violación a los derechos humanos. El caso Cayara, donde recientemente han sido condenados varios miembros de las fuerzas de seguridad, se dijo lo mismo y con total desfachatez porque allí se ejecutaron a más de 30 personas.