El número de casos de violencia en colegios va en aumento en el Perú: ¿es la expulsión una solución efectiva?

Los casos de bullying y violencia escolar en los colegios del Perú no solo han incrementado en número. Los niveles de agresión parecen más intensos y los ataques entre alumnos cada vez más feroces. La semana pasada, una madre denunció que su hija fue agredida con una navaja y herida en el cuello y la frente por una de sus compañeras dentro de la Institución Educativa Los Jazmines, en el Callao. La otra escolar también resultó herida y ambas terminaron en el hospital. El mes pasado, un estudiante acuchilló en el pecho a su compañero cerca al colegio Santa Rosa Milagrosa de San Juan de Lurigancho. Días después, en Piura, otro adolescente apuntó con una réplica de arma a su profesora.

Además de la violencia con armas blancas, en las últimas semanas se reportaron varios casos de peleas muy agresivas, en el Callao. En una de ellas incluso tuvo que intervenir la Policía para detener a uno de los implicados. Sin embargo, este, con ayuda de sus compañeros, terminó huyendo.

Todos estos episodios son solo una muestra del aumento de violencia escolar. Según cifras del ministerio de Educación, y del portal Síseve, al cierre de agosto del presente año (ocho meses) se reportaron 10.800 casos de bullying, violencia física, psicológica y sexual en los colegios, mientras que en todo el 2022 se reportaron alrededor de 12 mil casos. Por ello se estima que este año las cifras sobrepasen las del año anterior.

Tania Revollar Ridoutt, especialista en convivencia escolar del Ministerio de Educación, confirmó el incremento de casos de violencia en las escuelas, pero consideró que estas tendrían su correlato en el aumento de los niveles de agresión que se reportan a diario en la sociedad. Se trata de hechos que “antes no se veían con tanta frecuencia” en el país como el sicariato, el feminicidio y otros crímenes sangrientos.

Añadió que hay una alta probabilidad de que los menores de edad que ejercen violencia en los colegios vienen de un entorno “en donde están viviendo o presenciado algún tipo de violencia o está viviendo algún tipo de desprotección”.

Sin embargo, destacó que este aumento de número de casos de violencia también está vinculado a un incremento de la cultura del reporte, del “no dejar pasar aquello que se vive cuando se ve o se es víctima de más violencia en los colegios.

En agosto, un grupo de estudiantes mujeres descubrió en una de las computadoras del colegio St. George’s, en Chorrillos, fotografías editadas con inteligencia artificial en las que aparecían sus rostros en otros cuerpos desnudos. Las imágenes habrían sido generadas y comercializadas sin su consentimiento por sus propios compañeros, el caso provocó las protestas de las alumnas y de los padres de familia quienes pedían la expulsión de los escolares implicados en el caso como una forma de remediar el daño psicológico que habían ocasionado.

El pedido de los padres de separar al alumno que ha participado del hecho de violencia es reiterativo en otros casos. Sin embargo, la expulsión de un menor de edad de una escuela no es una figura respaldada en las leyes peruanas, porque “el objetivo que tiene el ministerio de Educación es que no se puede interrumpir el derecho que tienen las niñas a educarse”, apunta Tania Revollar.

“El fin último de la escuela es la educación de los niños y niñas y que estos terminen con su trayectoria educativa”, menciona.

Si bien, la expulsión no es una opción, la especialista comentó que es comprensible ese tipo de pedidos por parte de los padres de familia cuando, por ejemplo, en casos de violencia sexual, el agresor continúa en el mismo espacio revictimizando a la agredida o agredido. Ante ello, recordó que existen protocolos y medidas reparadoras para brindar protección a las y los afectados y restablecer la convivencia escolar.

Mencionó que las escuelas tienen cierta autonomía y pueden establecer, entre sus medidas de protección, acordar con los padres que el estudiante agresor, por ejemplo, lleve, clases virtuales, mientras se restablece la convivencia escolar.

Además, resaltó que las agresiones más fuertes entre menores de edad o con armas, a partir de los 14 años, pueden resolverse a nivel penal. Por eso es importante que la escuela articule con la DEMUNA, el ministerio de Salud, la Fiscalía, el CEM y la Policía para la protección, el acompañamiento socioemocional y la reparación del daño, remarcó.

“La escuela dentro de todo es un espacio formativo y reparador. Aquí hay que ver más bien por qué es que un menor de edad o un estudiante tiene acceso a armas, en qué contexto está viviendo”.

Además habría que comenzar a regular el fácil acceso a las armas en el país o cuestionar por qué un adolescente termina viviendo en un contexto donde se usan las armas o donde hay incidencia de sicariato. “Eso es lo que hay que resolver, porque lo que pasa en la sociedad se refleja a menor medida en la escuela y en la escuela no se puede resolver un problema que es de nivel macro. Hay ciertas herramientas, pero también hay que ver la problemática más grande”, menciona.

Finalmente, indicó que el Minedu está implementado este año el Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (PREVI) en 2128 instituciones educativas focalizadas. La iniciativa, busca responder al incremento de violencia en la escuela, que se ha incrementado con el retorno a la educación presencial.

El programa plantea trabajar en las líneas de acción de formación, prevención, promoción y atención. Una de estas acciones es el fortalecimiento de capacidades de directivos, docentes e integrantes de los comités de gestión del bienestar para que incorporen estrategias de promoción de la convivencia escolar.