Luego de que la Comisión de Ética Parlamentaria, liderada por Diego Bazán (Avanza País), aprobara el informe final del Expediente N° 104-2022-2023/CEP-CR que recomienda suspender por 30 días a Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario), la legisladora se pronunció en contra del documento.
En declaraciones a la prensa, defendió que su colega Esdras Medina, de la misma bancada, haya solicitado reconsiderar la votación en la que se autorizó, con ocho votos a favor y cinco en contra, elevar el texto al Pleno del Congreso a fin de que se ratifique la decisión y se aplique el castigo.
“Lo estipula el reglamento, todos los hacemos. Pedimos reconsideración y está estipulado en el Congreso. […] No estoy de acuerdo con el informe de Ética, está muy sesgado. Tenemos derecho y con eso está claro, no es un delito”, expresó la parlamentaria.
Como se recuerda, el grupo de trabajo congresal consideró que Ugarte cometió una irregularidad al despedir a su entonces trabajadora de confianza, identificada como Melissa Gómez Cáceres, pese a que se encontraba en estado de gestación.
En diálogo con Correo, Gómez Cáceres detalló que cuando ingresó como auxiliar, en febrero del 2022, no hubo queja sobre su desempeño laboral hasta que informó sobre su embarazo y tuvo que solicitar ciertos permisos para sus controles prenatales.
“El asesor principal tomó de muy mala gana y en los siguientes meses se continuó con los actos de hostigamiento que yo decidí ignorar por la necesidad de trabajar. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2022, tuve una descompensación por una hemorragia anteparto que fue controlada a tiempo y se me indicó siete días de descanso médico, situación que informe al asesor principal y también a Recursos Humanos”, precisó la exfuncionaria en una carta remitida al entonces presidente del Poder Legislativo, José Williams.
Incluso, en conversación con RPP, mencionó que Roger Torres Pando, asesor de la parlamentaria, le pidió firmar una renuncia voluntaria y, al no ceder, le comentó que Ugarte evaluaba denunciarla.
“El asesor se comunicó hace unos días conmigo, muy preocupado por mi situación diciéndome que como me estaba yendo, si ya Presidencia había podido resolver mi situación. Yo le dije que todavía no, y que me parecía que sí me había dolido mucho la actitud de la congresista cuando dijo que me iba a denunciar porque no había ido a realizar mi cese en la noche”, declaró.
Otras críticas en su contra
Ugarte también fue una de las parlamentarias acusadas de mocha sueldos, hecho por el que la Fiscalía de la Nación la investiga preliminarmente por el presunto delito de concusión. De acuerdo a la denuncia, la parlamentaria recortó el salario de su personal a fin de pagar publicaciones en prensa con el fin de mejorar su imagen en la región que representa, Cusco.
El dominical Punto Final reveló que los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 200 y los asesores S/ 400 cada uno, recolectando un monto de hasta dos mil soles mensuales. Asimismo, el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Machupicchu (Fredim) se quejó ante el Poder Legislativo que la experulibrista habría incurrido en tráfico de influencias en la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco (DDCC).
El último cuestionamiento se basa en la férrea defensa de la reincorporación de más de 14 mil docentes cesados por desaprobar la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, con el argumento que, si bien “miles pueden presentarse al examen, pero no todos pueden aprobarlos”; sobre todo al ser una de las docentes que desaprobó en siete oportunidades.
“Yo he ganado varios proyectos educativos porque soy muy hábil como maestra. ‘¿Usted tiene todas las inteligencias hábiles en todo?’ No siempre se tienen todas las habilidades, pero sí tenemos las habilidades como para maestros”, sostuvo en diálogo con RPP, al ser consultada sobre su historial.