República Dominicana investigará cómo Sada Goray obtuvo una cédula de identidad

La dueña de Marka Group, que cumple 36 meses de prisión preventiva por los actos de corrupción en el Fondo MiVivienda, había registrado una propiedad fantasma en el país caribeño según el programa Cuarto Poder.

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Sada Goray obtuvo cédula de identidad en República Dominicana. Video: Cuarto Poder.

Tras conocerse que Sada Goray obtuvo una cédula de identidad, la Junta Central Electoral de República Dominicana presentó un requerimiento a la Dirección de Cedulación y otros organismos de ese país que le remitan información sobre las condiciones en las que la encarcelada empresaria logró acceder a este documento.

Según Canal N, la medida de las autoridades de la nación caribeña se debe al reportaje difundido por el programa Cuarto Poder el último domingo 3. Aquel día se dio cuenta que la dueña de Marka Group, que cumple 36 meses de prisión preventiva por los actos de corrupción que se dieron en el Fondo MiVivienda, registró una propiedad fantasma en Punta Cana.

Goray informó que tenía un domicilio en la siguiente dirección: avenida Italia Casa 23, sector Punta Cana, municipio de Higuey. A raíz de su casa es que le dieron un documento que la acreditaba como ciudadana dominicana con el número 402-5427502-3″ con “fecha de expiración el 31 de octubre del 2024″. Sin embargo, el detalle está en que no existía nada.

Cuarto Poder, y el programa Frontal, verificaron que no había casa, oficina y departamento que le perteneciera a la empresaria.

Pedido de la Junta Central
Pedido de la Junta Central Electoral de República Dominicana para investigar cómo Sada Goray obtuvo cédula de identificación.

La Fiscalía había informado durante la audiencia de prisión preventiva contra Goray es que buscó que se le reconociera como dominicana en octubre del año pasado luego de conocerse los actos criminales que gestó en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y el Fondo MiVivienda con la complicidad de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda que es colaborador eficaz, el hoy preso Pedro Arroyo y el investigado José Carlos Forero.

Como una prueba es que cuando allanaron la vivienda de Goray, el 7 de julio pasado en Lima, encontraron una visa de República Dominicana obtenida el 5 noviembre del 2021 con vigencia hasta el 3 de enero del 2022. Esto fue usado como un elemento de convicción para advertir que la empresaria quería irse del Perú para no enfrentar a la Justicia por los actos ilícitos que cometió durante el régimen del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Exesposo reaparece

Mientras las autoridades dominicanas investigarán a Sada Goray, su exesposo Luis Mesones reapareció en público a pesar de que existe un pedido de detención preliminar. Según RPP, el abogado fue visto por el Cercado de Lima al ingresar a un conocido restaurante llamado Cevichería Puerto 260.

Días atrás se conoció que se llevó a cabo una audiencia de prisión preventiva contra Mesones con el fin de que se active “el código rojo”, en vez del “código azul” vigente desde el 8 de julio.

Expareja de la fundadora de
Expareja de la fundadora de Marka Group reapareció en un distrito limeño.

Sin embargo, la defensa legal de Mesones señaló ante el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que su patrocinado se había puesto a derecho ante la justicia, hecho por el que el Ministerio Público lo imputa como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, por el cual podría recibir una pena entre los 15 a 16 años y ocho meses de cárcel.

La tesis fiscal sostiene que Mesones se benefició de los tratos ilegales que hubo entre las empresas lideradas por Sada Goray y el Fondo MiVivienda.

“Se puede advertir que no solo existe un vínculo familiar entre la empresaria y el señor Mesones, sino también existe un vínculo empresarial, tanto más, como se ha señalado públicamente, si desde la fecha de su divorcio ha recibido remuneraciones provenientes de Marka Group SAC, por lo que se advierte que tendría razones familiares y económicas para poder participar en los hechos investigados”, sostiene la entidad liderada por Patricia Benavides.

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