La Junta Nacional de Justicia (JNJ) expresó su rechazo a la decisión del Congreso de la República de aprobar la moción de orden del día presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) para que los siete magistrados sean investigados de manera sumaria.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la JNJ sostiene que la decisión de la representación nacional se basa “a partir de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”.
“Considera que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”, agrega.
El órgano que se encarga de designar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en todo el Perú enfatizó que “al país le constan las amenazas que desde diversos frentes se ciernen sobre la Junta Nacional de Justicia, sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales”.
Hay que mencionar que la posición de la JNJ se da a raíz de que este jueves se le otorgó un plazo de una semana a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cuya presidencia está en manos de la bancada de Perú Libre, para que verifique las presuntas faltas graves que cometieron los tribunos.
“Los miembros de la JNJ habrían desnaturalizado, una vez más, la institucionalidad de dicho organismo [...] al ejercer una presión sobre los jueces de la Corte Suprema a quienes deben de nombrar, ratificar, fiscalizar o destituir, para que emitan un pronunciamiento en favor de una ex fiscal constitucionalmente inhabilitada bajo una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso”, se lee en el oficio impulsado por la congresista Chirinos Venegas.
La indagación sumaría contra los integrantes de la JNJ también va en paralelo con los proyectos de ley impulsados en la Comisión de Constitución y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
El martes pasado se sustentó las propuestas de los legisladores Chirinos y Wilson Soto (Acción Popular), quienes tratan de remover a todo el pleno de la JNJ al modificar el artículo 156 de la Constitución Política que apunta a que cesen en sus funciones cuando cumplan los 75 años. De esta manera, esto permitirá que sus suplentes asuman automáticamente sus cargos.
Si las iniciativas prosperan en el grupo de trabajo liderado por la fujimorista Martha Moyano, entonces todo pasaría al Pleno. Al ser una reforma constitucional se requieren de 87 votos en dos legislaturas consecutivas.
En caso se logre este propósito, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán tendrían que dejar sus cargos de manera inmediata.
En tanto, la SAC posee una denuncia de Jorge Montoya (Renovación Popular), quien ue plantea que los tribunos de la JNJ sean destituidos e inhabilitados por diez años de la función pública debido a que permitieron que Luz Tello Valcárcel siguiera en su cargo a pesar de que no habría cumplido inciso 3 del artículo 156 señala que para ser miembro de la JNJ se requiere “ser mayor de cuarenta y cinco años y menor de setenta y cinco años”.
El vocero del partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, les imputa haber cometido la comisión de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso autoridad, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
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