Desde el Congreso de la República se avanza con el plan para debilitar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el fin de favorecer a la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hoy habrá sesión en la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se expondrá dos proyectos de ley que buscan la destitución de los magistrados del JNJ.
Se tratan de las propuestas de los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País) y Wilson Soto (Acción Popular), quienes tratan de remover a todo el pleno de la JNJ al modificar el artículo 156 de la Constitución Política que apunta a que cesen en sus funciones cuando cumplan los 75 años. De esta manera, esto permitirá que sus suplentes asuman automáticamente sus cargos.
Si las iniciativas prosperan en el grupo de trabajo liderado por la fujimorista Martha Moyano, entonces todo pasaría al Pleno. Al ser una reforma constitucional se requieren de 87 votos en dos legislaturas consecutivas.
En caso se logre este propósito, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán tendrían que dejar sus cargos de manera inmediata.
Sobre este tema, la JNJ sacó un comunicado al respecto. “El rango etario señalado en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política representa una condición de acceso al cargo, más no un límite que acarree la vacancia del mismo”, fue la respuesta de SERVIR a la institución.
Hay que mencionar que en la Comisión de Constitución también existe la propuesta de Jorge Montoya, de la bancada Renovación Popular, que plantea que los tribunos de la JNJ sean destituidos e inhabilitados por diez años de la función pública debido a que permitieron que Luz Tello Valcárcel siguiera en su cargo a pesar de que no habría cumplido inciso 3 del artículo 156 señala que para ser miembro de la JNJ se requiere “ser mayor de cuarenta y cinco años y menor de setenta y cinco años”.
El vocero del partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, les imputa haber cometido la comisión de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso autoridad, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Investigación sumaria
Por otro lado, el Consejo Directivo del Parlamento acordó ayer delegar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la moción que la congresista Chirinos también presentó con el fin de sacar a los siete miembros de la JNJ por las investigaciones que tienen a su cargo contra la fiscal Benavides.
“Las reiteradas faltas [...] demuestran que la Junta ha perdido legitimidad, transparencia e imparcialidad en sus actos. Su permanencia solo perjudica la confianza en la justicia peruana”, escribió en sus redes sociales.
“Los miembros de la JNJ habrían desnaturalizado, una vez más, la institucionalidad de dicho organismo [...] al ejercer una presión sobre los jueces de la Corte Suprema a quienes deben de nombrar, ratificar, fiscalizar o destituir, para que emitan un pronunciamiento en favor de una ex fiscal constitucionalmente inhabilitada bajo una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso”, se lee en el oficio de Chirinos Venegas.
Blindada
Los ataques desde el Congreso contra la JNJ llegan en un momento de especial conflicto con la fiscal Patricia Benavides, quien tuvo un fallo a su favor en el Poder Judicial que ordenó suspender todas las investigaciones en su contra que estaban relacionados a los cambios que hizo en el equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto y por querer supuestamente beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides.
Además, el Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda competencial de Benavides contra la JNJ que se resolvería en tres a cuatro meses aproximadamente.