Vladimir Cerrón: Juez constitucional precisa que no ha suspendido inhabilitación ni pago de reparación civil

En la resolución a la que accedió Infobae Perú, el magistrado John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, aclara la sentencia que declara fundada en parte la demanda de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón

Procuraduría Pública del PJ apeló la decisión en primera instancia a favor de Vladimir Cerrón. Foto: Andina

El juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, aclaró que la sentencia en el proceso de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón suspende la condena de 8 años con 8 meses de prisión efectiva del secretario general de Perú Libre, pero no la inhabilitación de un año y el pago de una reparación civil a favor del Gobierno Regional de Junín.

En la resolución a la que accedió Infobae Perú, el magistrado reconoce que su decisión— que anula la sentencia de segunda instancia y la resolución de calificación de casación de la Corte Suprema, pero suspende la resolución en primera instancia — “puede prestarse a una errada interpretación”.

Aclaran sentencia de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón

En ese sentido, Paredes Salas explica que la suspensión de la sentencia de primera instancia en contra de Vladimir Cerrón “no alcanza a ‘todos’ los efectos de la condena allí dispuesta, sino ‘solo’ el extremo de la pena privativa de libertad”.

“No sería coherente que a través del presente proceso de habeas corpus, que se interpone para proteger la libertad individual (en este caso libertad ambulatoria), el demandante tenga una respuesta contraria a ese propósito, cumpliendo la pena privativa de libertad ‘efectiva’ de 4 años y 8 meses que le resta, (...) fallo que este juzgador ha considerado mantener intangible”, se lee en el documento.

Aclaran sentencia de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón

Dicha condena de 4 años y 8 meses de cárcel efectiva fue impuesta por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios en agosto de 2019, tras hallar responsabilidad penal en Cerrón Rojas por el delito de negociación incompatible.

Además de pena privativa de la libertad, la magistrada de dicho juzgado, la jueza Susan Carrera Tupac Yupanqui, le impuso un año de inhabilitación y el pago de una reparación civil de 850 mil soles a favor del Estado, monto que deberá ser pagado solidariamente con los otros sentenciados.

Cabe precisar que la sentencia emitida por el juez John Paredes Salas ya ha sido apelada por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, por lo que esta será revisada por una sala superior que puede ratificar o revocar el fallo. En este último caso, la defensa legal de Vladimir Cerrón puede interponer un recurso de agravio constitucional y el caso llegaría al Tribunal Constitucional.

Vladimir Cerrón y el Aeródromo Wanka

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuenta con una segunda sentencia por corrupción por el caso Aeródromo Wanka, específicamente por colusión en agravio del Gobierno Regional de Junín.

En febrero de este año, el juez Guido Arroyo, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín, condenó a Cerrón Rojas a 4 años de prisión efectiva por el delito de colusión. Sin embargo, ordenó que el fallo se ejecute una vez que esta sea ratificada por una sala superior.

Además de cárcel efectiva, el magistrado dictó inhabilitación por el mismo plazo de 4 años y el pago de una reparación civil de más de 2 millones.

La apelación de Vladimir Cerrón es evaluada por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín, colegiado que culminará con las audiencias en un par de semanas. Para la primera quincena de septiembre se tiene programado el inicio de los alegatos finales.

Vladimir Cerrón se pronuncia

Tras tomar conocimiento de que su demanda de habeas corpus fue declarada fundada en parte, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón pidió que la decisión sea tomada como “antecedente”, pese a que no ha quedado firme.

Esta sentencia arbitraria que me destituyó del cargo de gobernador e impidió una candidatura nacional, debe ser tomada como antecedente para evitar más persecución política en el país. El poder político de los jueces y fiscales debe cesar.