Defensor del Pueblo minimiza denuncia de la Procuraduría por intromisión en caso Nadine Heredia

El último viernes, la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez por presuntamente haber interferido en la revocación del impedimento de salida a Nadine Heredia. En respuesta, el funcionario aseguró que no teme la investigación y se mostró confiado de que será archivada.

En diálogo con Radio Nacional, ratificó que la institución no incurrió en ninguna irregularidad y que no tienen mandato imperativo, sino que cumplen una labor de supervisión, por lo que cuentan con “protección constitucional”.

“Busquemos un poco de coherencia. Aquí no hay ninguna atención extraordinaria, ninguna atención especial o una atención que yo como defensor pude haber hecho. Antes no intervino el defensor del Pueblo, intervinieron las adjuntías que son espacios técnicos, como ahora también lo han hecho las adjuntías y no el defensor”, agregó.

De acuerdo a la resolución de la PGE, la Defensoría cursó un escrito para pedir evaluar el caso “teniendo en cuenta el derecho a la salud” de la ex primera dama, pero el juzgado recordó a la institución que el artículo 139.2 de la Constitución y un fallo del Tribunal Constitucional establecen “que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional”.

“Si bien la Defensoría tiene, dentro de sus prerrogativas, el deber de velar por los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, cabe precisar que tales facultades no le permiten sugerir a los órganos jurisdiccionales, interpretaciones de las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico, pues tratándose de procesos judiciales, esta es una tarea exclusiva de la función jurisdiccional”, se lee en el documento.

Cabe mencionar que, en anteriores ocasiones, ha dejado en claro su cercanía a la exprimera dama. “Si me pregunta por el señor Cerrón y la señora Nadine, yo tengo absoluta consideración por ambos. A ella no la veo hace años. Yo considero la amistad perpetua para todos”, dijo en mayo pasado durante una entrevista con Willax.

Por este presunto delito de patrocinio ilegal, el cual se da cuando un funcionario público promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública, el defensor del Pueblo podría afrontar una pena mínima tres años y una máxima de seis.

La esposa de Ollanta Humala es investigada junto al expresidente por el presunto delito de lavado de activos. El caso de la ex primera dama responde a su supuesta participación en la concesión del Gasoducto del Sur a un consorcio liderado por Odebrecht, protagonista del caso más representativos de corrupción en América Latina.

El proyecto fue adjudicado por más de 7 mil millones de dólares en junio de 2014, en una licitación que originó una investigación por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible.

Recientemente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió que los exdirectivos de Odebrecht no declaren sobre los aportes que reconocieron al inicio de las investigaciones ni se utilicen una serie de pruebas vinculadas a los servidores encriptados MyWebDay y Drousys, la decisión tiene distintas posturas.

Mientras el abogado del matrimonio, Wilfredo Pedraza, la defiende, el penalista James Rodríguez advirtió en RPP que el juicio podría caerse “porque si ellos no se refieren exactamente a los nombres, montos, a lo que está en el servidor va a ser muy difícil que se pueda sostener una acusación o una sentencia. Por eso considero que la Fiscalía de nuestro país tiene la obligación de exigir a estas personas que respondan, sobre todo, a estos directivos y rindan su declaración con base a lo que se encuentra dentro de estos servidores [...]. Ellos se encuentran bajo un régimen de delación premiada; es decir, si no colaboran, no aportan información que necesita la justicia para ejercer su función sancionadora y de investigación, estarían infringiendo esta norma”.