JNJ solicita aclaración sobre medida cautelar que suspendió investigaciones contra Patricia Benavides

Marco Tello, procurador de la JNJ, remitió el pedido al Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que esta semana suspendió las investigaciones abiertas por el organismo contra la fiscal general

Patricia Benavides en un acto protocolar de la Fiscalía de la Nación. (Foto: Ministerio Público)

El procurador público de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Tello, solicitó este jueves una aclaración sobre la medida cautelar que suspendió las investigaciones preliminares abiertas por el organismo contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El recurso fue aceptado por el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y dispuso que las pesquisas quedaran interrumpidas hasta que la autoridad judicial establezca si dos miembros de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, son separados del caso por falta de idoneidad.

En un oficio remitido a la jueza Karen López Torres, Tello requirió una especificación, en rigor, sobre “la disposición de ‘inmediata suspensión’ de las” investigaciones “en tanto consideramos que bajo dichos términos no nos permiten efectuar con cabal precisión el adecuado cumplimiento de [...] la medida cautelar”.

“A efectos de cumplir debidamente la orden judicial, [la JNJ] requiere necesario, por parte de la judicatura, precisar de forma adecuada los alcances de la misma, en tanto lo dispone el propio Nuevo Código Procesal Constitucional”, se lee en el documento difundido por La Pasión por el Derecho.

“El Nuevo Código Procesal Constitucional establece de manera clara y expresa que la medida cautelar está destinada a garantizar una futura o eventual decisión, [...] su ejecución debe limitarse al contenido propio de la pretensión planteada en la demanda, por lo que corresponde verificar lo pretendido por la actora en la demanda postulada”, continúa.

Pedido de JNJ

Benavides solicitó que se dejaran sin efecto todas las actuaciones en las que intervinieron Tello y Vásquez, ya sea como instructores o parte de las indagaciones, “por razones de imparcialidad y decoro”. La magistrada cuestiona a Tello —quien tiene a cargo tres investigaciones en su contra— por haber superado la edad estipulada en la legislación para ser miembro de la JNJ, y a Vásquez por adelantar opinión al comparar su caso con el de otras autoridades investigadas. Sin embargo, para la JNJ, esta resolución abre paso a la confusión.

“Si lo que se pretende a través de la demanda principal de amparo es que [...] se declaren nulos y sin efecto legal todos los actos donde hayan intervenido los señores miembros [...] resulta dudo, confuso y/o poco claro el extremo de haberse ordenado la inmediata suspensión de las investigaciones preliminares, así como todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones preliminares”, sigue el texto.

Por lo anterior, el procurador pidió concretar “si la medida cautelar de suspensión inmediata de las investigaciones [...] corresponde solo a las intervenciones” de Tello y Vásques, o para “todos” los miembros del organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.

Patricia Benavides en un acto protocolar de la Fiscalía de la Nación. (Foto: Ministerio Público)

“Corresponde aclarar lo solicitado, a efectos de no generar duda en el correcto cumplimiento del mandato judicial, tomando en cuenta que la aclaración planteada por este órgano de defensa y que debe ser resuelta por su despacho, no debe afectar de ningún modo el contenido sustancial de la decisión”, finaliza el oficio.

En febrero pasado, la JNJ dispuso abrir un proceso contra Benavides “por hechos presuntamente irregulares” en los cambios realizados en el equipo especial de la Fiscalía que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los Cuellos Blancos del puerto’.

La fiscal general tiene otra pesquisa abierta por el cambio de la magistrada Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana, Emma Benavides, quien afronta a su vez una investigación por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

La tercera investigación preliminar fue abierta en abril por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos, un acto que, según los denunciantes, “estaría prohibida por la normativa disciplinaria de los fiscales”.