El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció este jueves que su despacho ya ha tomado una decisión respecto a los implicados en el escándalo de ascensos irregulares en la Policía Nacional (PNP), un caso por el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) enfrenta una denuncia constitucional.
“Es un tema administrativo. Yo creo que entre hoy y mañana ya se debe solucionar parte de ello. Es un proceso en el que se ha investigado a varios generales de la Policía por un pago supuesto de algunos generales para poder ascender, pero esto está en la Fiscalía, hay que entender [...] He tomado una decisión y hoy o mañana a más tardar ya está publicada una medida”, declaró en una rueda de prensa.
Romero anticipó la semana pasada que no habría “favoritismos” en las eventuales sanciones que recaigan sobre los involucrados y refirió que su portafolio aguardaba un informe al respecto solicitado al Ministerio Público.
“El comandante general [Jorge Angulo] ha hecho un documento para que la fiscal de la Nación nos indique a qué nivel están comprometidos los generales. No hemos recibido respuesta. Estamos a la espera del documento para tomar decisiones”, dijo en diálogo con la prensa.
“Las normas son muy claras y bastante garantistas. Hay plazos que esperar. Pero lo que puedo decir es que cumplimos la ley como corresponde. Acá no hay favoritismos para nadie. Si hay responsabilidades, hay que establecerlas. Si hay alguna responsabilidad, hay que apartarlos del cargo”, remarcó.
Romero precisó que, según la legislación, el comandante Angulo será el encargado de emitir las penalidades contra quienes resulten responsables, aunque anotó que la “decisión política es cero corrupción”.
Angulo, quien reemplazó en marzo pasado al general Raúl Alfaro —separado del cargo a raíz de una investigación fiscal—, confirmó que pediría la remoción de los investigados en las próximas horas. “Estos cambios o movimientos no están a mi alcance, sino de la presidenta. Para todo hay procedimientos regulares que debemos respetar”, indicó.
La casa y oficina de Alfaro habían sido allanadas entonces, tras la difusión de una fotografía en la que aparecía junto con Jorge Hernández, un ciudadano español denunciado por ser integrante de una supuesta red de espionaje organizada durante el gobierno de Castillo.
Hace más de una semana, la fiscal general, Patricia Benavides, presentó por este caso una acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), preso en Barbadillo por cargos de corrupción y rebelión, y su exministro de Defensa, Walter Ayala.
“Si se comprueba que un policía ha pagado por el ascenso, no debe pertenecer más a la institución. No solo por los indicios, sino por respeto a la institución policial. Eso es lo que pensamos desde el gobierno de Dina Boluarte”, consideró el premier Alberto Otárola.
El caso sigue la operación de una presunta organización criminal que cobró dinero a cambio de autorizar ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad del Estado en 2021, bajo la supuesta dirección de Castillo.
Fue hecho público en agosto de 2021, cuando los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones, presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del exministro Ayala.
A finales de diciembre de 2022, la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, a petición de la Fiscalía, realizó una serie de allanamientos y detenciones de policías investigados. Entonces, fue detenido el general retirado Javier Gallardo, ex comandante general de la Policía durante la gestión de Castillo.
Tras el allanamiento a su domicilio, el exministro Ayala declaró que estaba “presto a que se investigue” el caso, pero consideró que la intervención fiscal fue “un show”.
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