La Cantuta: luego de 31 años los restos de cinco víctimas retornaron a sus familiares y tendrán entierro digno

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que las víctimas de la masacre de La Cantuta, tengan un entierro digno. Según comunicó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), los restos de los estudiantes retornarán hacia sus familiares este viernes.

Los familiares de Hugo Muñóz Sánchez (47), Heráclides Pablo Meza (28), Juan Mariños Figueroa (32), Armando Amaro Cóndor (25), Robert Teodoro Espinoza (24), Dora Oyague Fierro (21), Luis Enrique Ortiz Perea (21), Bertila Lozano Torres (21), Felipe Flores Chipana (25) y Marcelino Rosales Cárdenas han pasado muchos años buscando a sus seres queridos en distintos lugares de Lima luego de que sean reportados como desaparecidos la noche del 18 de julio de 1998 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Lamentablemente, aún no se han encontrado los restos de las nueve víctimas. Sin embargo, sí han identificado a Felipe Flores Chipana, Bertila Lozano Torres, Armando Amaro Cóndor, Dora Oyague Fierro y Marcelino Rosales Cárdenas. Estos restos serán restituidos por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público este viernes.

Aprodeh se pronunció sobre este anuncio y comunicó que se realizó un Acto Litúrgico el viernes 1 de septiembre a las 7:30 p.m. en la Iglesia La Recoleta - Plaza Francia. Además, el velatorio se realizó a las 8:30 p.m. cuando termina la homilia. La reunión será en la Sala Jorge Dintilhac.

Por otro lado, el sepelio será el sábado 2 de septiembre a las 10:30 p.m. en el Cementerio El Ángel. El punto de encuentro será en la puerta del jirón Áncash, en el distrito de Barrios Altos. Estas actividades están organizadas por los familiares de las víctimas.

En julio de 1992, se desató una crisis que estremeció a todo el país en un momento en que el fujimorismo, junto con alianzas forjadas con Vladimiro Montesinos y altos mandos de las Fuerzas Armadas, gobernaba el territorio nacional.

La desaparición masiva de nueve estudiantes y un docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como La Cantuta, sacudió a la nación. Las noticias locales informaron sobre la misteriosa desaparición de un grupo de estudiantes y un profesor. Nadie sabía dónde se encontraban, y una incertidumbre angustiosa se apoderó de la comunidad mientras los militares mantenían una presencia opresiva en el campus, que era conocido por su excelencia en carreras relacionadas con la educación.

Hugo Muñóz Sánchez, Heráclides Pablo Meza, Juan Mariños Figueroa, Armando Amaro Cóndor, Robert Teodoro Espinoza, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Bertila Lozano Torres, Felipe Flores Chipana y Marcelino Rosales Cárdenas fueron detenidos durante una operación militar nocturna en las residencias estudiantiles.

Un punto clave se descubrió en 1993 con el trabajo de los periodistas de la revista “Sí”, liderados por Ricardo Uceda. Anunciaron que habían obtenido un mapa que señalaba la existencia de fosas en Cieneguilla. Este descubrimiento marcó el inicio de la revelación de los eventos trágicos que se habían intentado ocultar. Fue necesario excavar a una profundidad de un metro y medio para encontrar restos humanos.

En estas fosas también se encontraron casquillos de calibre 9 milímetros, cabellos y objetos que ayudarían en la identificación, como llaves y una cadena, además de prendas de vestir, entre otros elementos.

Hasta ese momento, el autor de este crimen atroz permanecía desconocido, pero las pruebas indicaban que estas personas habían sido asesinadas a tiros. El campo de la muerte se ubicaba en la autopista Ramiro Prialé. En noviembre de 1993, en el mismo lugar, se hallaron más prendas de vestir y documentos con el logotipo de la Universidad La Cantuta que llevaban el nombre de Bertilina Lozano. Durante nuevas excavaciones, se descubrió que bajo la tierra yacían los restos de cuatro personas.

El 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial (SPE) emitió una condena contundente: Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión. Se determinó que el expresidente era el autor intelectual de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en relación con los trágicos eventos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta.

El veredicto fue claro en su afirmación de que Fujimori había ejercido un control absoluto sobre las Fuerzas Armadas y había dirigido un aparato organizado, cuyo epicentro era el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Este organismo se había convertido en una herramienta para la comisión de diversos delitos, y Fujimori tenía un conocimiento pleno de sus actividades ilegales.

Debido al sistema legal peruano, las penas no se acumulan, por lo que la sentencia de 25 años abarcó la mayoría de los crímenes por los cuales fue condenado. Además de su condena por los delitos relacionados con los derechos humanos, Fujimori enfrentó cargos adicionales, incluyendo usurpación de funciones (6 años), peculado (7 años y 6 meses), pagos ilegales a congresistas y la compra de líneas editoriales de medios de comunicación (6 años), así como su involucramiento en el caso de los diarios Chicha (8 años).

Es importante destacar que la SPE consideró los actos en Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad, ya que formaron parte de una política estatal y generalizada destinada a eliminar a personas que supuestamente estaban vinculadas a grupos subversivos. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Primera Sala Penal Transitoria el 30 de diciembre de 2009, marcando un hito en la búsqueda de justicia en Perú.