Dina Boluarte rechaza demanda de Víctor Polay ante la CIDH: “Ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó la demanda presentada por Víctor Polay Campos, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde la región Huanúco, a donde llegó para inaugurar unas obras, mostró su indignación.

“Mi indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay. Desde Santa Rosa de Alto Yanajanca, otrora bastión del narcoterrorismo, he dispuesto que el Ministerio de Justicia organice una respuesta contundente del Estado”, señaló. Seguidamente, Boluarte Zegarra enfatizó que ni un sol de los peruanos saldrá para indemnizar a Polay.

“Ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas. El dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos”, enfatizó.

Tras el anuncio de la mandataria, el primer ministro Alberto Otárola anunció que iba a convocar a diferentes funcionarios para tratar el asunto en Palacio de Gobierno. Entre ellos estará el titular de la cartera de Justicia, Daniel Maurate, y el procurador general del Estado, Daniel Soria Lujan.

“La posición y respuesta del Estado serán contundentes frente al burdo petitorio del terrorista Polay Campos. Terrorismo nunca más”, escribió el jefe de la PCM en sus redes sociales.

La posición de Boluarte y la acción de Otárola llegan después de las opiniones vertidas por algunos integrantes del Gabinete Ministerial sobre la demanda que interpuso la defensa legal de Polay ante la CIDH.

El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó por la mañana que “el Ejecutivo tiene que presentar su contra respuesta [a la demanda] en el sentido de que se le ha tratado como debe ser. Esto ya lo verá el Ministerio de Justicia”.

“Toda persona tiene derecho a solicitar [una revisión] si ha sido vulnerado o no [su derecho]. Somos parte de la comisión interamericana de justicia, de manera que esperaremos que las autoridades lo resuelvan”, acotó.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, mencionó que “personalmente, quiero decir [que] como Gobierno que respeta el Estado de derecho, creemos firmemente en que toda condición de las personas, aún quienes están privadas de su libertad, se tiene que respetar”.

“Personas que hoy reclaman algunos derechos que supuestamente no se están cumpliendo se olvidaron de cientos de miles de personas que perdieron su vida a partir de equivocadas ideologías. Hay que mirarlo desde esa perspectiva”, agregó sobre el cabecilla terrorista que cumple una condena de 35 años de prisión en la Base Naval del Callao.

El miércoles pasado se desató toda una controversia tras conocerse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió una demanda interpuesta por Víctor Polay Campos, exlíder del MRTA, contra el Perú.

La defensa legal del líder terrorista, quien permanece preso desde 1992, señala que su patrocinado vivió actos de tortura en su reclusión y que su derecho a la libertad religiosa y estudios, entre otros, fueron atropellados.

A raíz de esta nueva demanda, la exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz advirtió que el informe de admisibilidad, aprobado por el órgano internacional en marzo del 2022, pretende modificar la jurisprudencia sobre juzgamientos por terrorismo en Perú.

“Desconozco por qué no se ha hecho público antes [...] Si el Estado no logra hacer una defensa adecuada, el tema se lleva recién ante la Corte IDH. Este tipo de informes es absolutamente clave porque muchos de estos casos no lleguen a esta instancia”, señaló la letrada en diálogo con Canal N.

Agregó que Polay Campos ya había presentado una queja ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otra ante la misma CIDH, que fue archivada en 2010. Con la reciente decisión, la Comisión “vuelve a plantear la necesidad de revisar el juicio a cargo de la Sala Penal Nacional”, formada por los vocales superiores Pablo Talavera, David Loli Bonilla y Jimena Cayo, que en 2006 condenó al jefe histórico del MRTA a 32 años de prisión y ordenó pagar una reparación civil de 50 millones de soles.

“La Corte considera que hay material en función en lo alegado en el expediente para poder evaluar la forma en que se dio el juzgamiento a cargo de la Sala Penal y la demora en el procesamiento de dicho caso, cuando todos estos temas ya han sido resueltos por la misma CIDH [en otros casos]. Por eso, llama poderosamente la atención que la Comisión pretenda abrir una discusión, sobre temas que ya han sido zanjados hace varios años”, acotó.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha señalado al MRTA como responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas que causó la violencia política en el país entre 1980 y 2000. El grupo subversivo, que inició sus acciones en 1984, dirigió sus ataques, principalmente, contra autoridades políticas y militares, así como a instituciones y comercios vinculados a Estados Unidos.

Víctor Polay (72) fue condenado por el delito de terrorismo a 35 años de cárcel, después de haber dirigido las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, cuando fue capturado por segunda vez y sometido a los tribunales. Su organización desapareció definitivamente cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en la capital para tomar cientos de rehenes en 1996, aunque fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.