El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, cuestionó a la Fiscalía de la Nación por solicitar 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber cometido la comisión del delito de peculado al presuntamente presentar documentación falsa por semanas de representación que hizo entre el 2017 y 2018.
“Hay una confusión tremenda por parte de la fiscalía, mezclado con una impotencia por no haber podido procesarme por lo que se pasearon por los canales (de TV) diciendo que yo había falsificado facturas, cuando se demostró que era una patraña”, señaló el exlegislador de Fuerza Popular en diálogo con RPP Noticias.
“Todo era una patraña, al punto que la fiscalía ha sobreseído esa investigación [...] como se quedó sin nada y no quiere hacer el papelón, ahora me acusa por peculado”, agregó Salaverry. Recordó que inicialmente el caso empezó cuando lo acusaron de los delitos de falsedad genérica y falsedad ideológica. Sin embargo, añadió que esto se cayó porque la documentación era “fraguada”, incluida su firma.
El extitular del Parlamento explicó que la asignación para la semana de representación está sujeta a descuentos de quinta categoría del impuesto a la renta. En esa línea, anotó que corresponde a su salario y no a viáticos. “Como es sueldo, es de libre disposición. No se tiene que justificar, ni rendir cuentas”, refirió.
Salaverry explicó también que tampoco existe la obligación de gastar el dinero asignado en “una quinceava parte cada día en tu semana de representación”.
“Le pregunto al señor fiscal, en que ley, en que reglamento, en que norma del Congreso dice que los congresistas tienen que gastar 560 soles diarios de esa asignación”, anotó.
El excandidato presidencial por el partido Somos Perú agregó que “no hay un reglamento que diga que hay que gastar tanto el lunes, martes o miércoles” “Eso está en la cabeza del fiscal que lo interpreta como viáticos”, apuntó.
Tesis fiscal
El fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, es el encargado de llevar el caso del exparlamentario Daniel Salaverry.
Según el diario El Comercio, la hipótesis que maneja es que el exvocero fujimorista se habría “apropiado para sí de caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso, por el concepto de apoyo logístico en la semana de representación”.
“Así, el acusado, infringió su deber funcional, apropiándose para sí de los caudales que tenía bajo su administración; pues, debía de llevar a cabo acción específica conforme a su labor congresal en función al dinero otorgado por el Estado; al no ejecutarlas y no devolver el dinero no utilizado se apropia de éste”, señala el Ministerio Público.
A Salaverry se le acusa de no cumplir con sus actividades de representación en su región, La Libertad, en los meses de noviembre y diciembre del 2017, así como de enero, febrero y marzo del 2018, y que no devolvió el dinero asignado, que asciende a un total de S/ 10.080.
Adicionalmente se estima que Salaverry favoreció cuatro trabajadores de su despacho con los viáticos asignados. En este caso, el despacho del fiscal Terán calcula que se llegó a un perjuicio total de S/ 9.537.80 entre enero del 2017 y marzo del 2018.
El integrante de la Fiscalía también contaría con pruebas y testimonios que certifican que Salaverry no se presentó a varias fechas de sus semanas de representación y que envió a sus trabajadores en su reemplazo, a pesar de que las normas del Congreso no autorizaban a un parlamentario a delegar sus funciones.
¿Quién es Daniel Salaverry?
Daniel Salaverry Villa es un político natural de Trujillo. Fue militante del Apra y candidato por este partido a alcalde de Trujillo en el 2010, sin lograr ser elegido. Volvió a la contienda por el sillón municipal en el 2014, de la mano de Fuerza Popular, siendo nuevamente derrotado.
Posteriormente, tienta el cargo de congresista en el 2016 integrando la lista del fujimorismo, como representante de La Libertad, siendo elegido. En el 2017 es designado vocero de la bancada naranja y en el 2018 fue elegido como presidente del Congreso de la República.
Con Pedro Castillo, Salaverry tuvo cierto acercamiento en el 2022 a través del asesor Biberto Castillo, hoy bajo prisión preventiva por el caso ‘Gabinete en la sombra’, quien influye en el vacado expresidente para que el congresista sea nombrado presidente de Perú-Petro y luego consejero presidencial.