La administración de Dina Boluarte anunció este jueves que remitirá una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por admitir la demanda del sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quien reclamó que sus derechos fundamentales fueron violados al momento de su detención y que su reclusión, en la Base Naval de El Callao, violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.
Tres integrantes del Gabinete Ministerial se refiere ron a la acusación del exlíder emerretista contra el Estado peruano, que fue aceptada por el organismo internacional en marzo del año pasado, pero hecha pública en Lima recién esta semana.
El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó por la mañana que “el Ejecutivo tiene que presentar su contra respuesta [a la demanda] en el sentido de que se le ha tratado como debe ser. Esto ya lo verá el Ministerio de Justicia”.
“Toda persona tiene derecho a solicitar [una revisión] si ha sido vulnerado o no [su derecho]. Somos parte de la comisión interamericana de justicia, de manera que esperaremos que las autoridades lo resuelvan”, acotó.
El titular de Justicia, Daniel Maurate, dijo, a su turno, que fue sorprendido por la admisión en la CIDH y adelantó que su despacho ya solicitó a la Procuraduría General un informe para saber “cuál es el estado de la demanda y que está haciendo” frente a la misma.
“En función de eso, veremos si hacemos una invocación o una medida de acción. La postura clara es de la defensa del Estado. Estamos en contra de toda clase de terrorismo, vamos a darle todas las facilidades a la Procuraduría. En caso llegara a la Corte IDH, daremos toda la defensa. [...] Estaba conversando con el gabinete de asesores, y es probable, incluso, que [el caso] pueda ser archivado”, señaló en una rueda de prensa.
Víctor Polay (72) fue condenado por el delito de terrorismo a 35 años de cárcel, después de haber dirigido las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, cuando fue capturado por segunda vez y sometido a los tribunales.
Su agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en la capital para tomar cientos de rehenes en 1996, aunque fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.
El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas que causó la violencia política en el país entre 1980 y 2000. “A todos ellos les puedo decir que van a tener al Estado firme, defendiendo sus derechos”, señaló Maurate.
Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, mencionó que el gabinete todavía no ha discutido formalmente la postura que tendrá ante esta situación. “Personalmente, quiero decir [que] como Gobierno que respeta el Estado de derecho, creemos firmemente en que toda condición de las personas, aún quienes están privadas de su libertad, se tiene que respetar”, señaló.
“Personas que hoy reclaman algunos derechos que supuestamente no se están cumpliendo se olvidaron de cientos de miles de personas que perdieron su vida a partir de equivocadas ideologías. Hay que mirarlo desde esa perspectiva”, dijo sobre Polay.
El proceso ante la CIDH aguarda, a la fecha, la programación de una audiencia en la que ambas partes expondrán sus argumentos para eventualmente dar paso a un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda.
La situación judicial de Polay generó, en 2006, un pronunciamiento de políticos de izquierda, intelectuales y artistas, quienes pidieron una “sentencia justa” y afirmaron, de igual modo, que había sido sometido a condiciones infrahumanas en los años que lleva recluido. Asimismo, consideraron que su “reincorporación” a la vida política era “fundamental para el desarrollo de la democracia”.
La admisión de su demanda en fueros internacionales se ha hecho pública la misma semana del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que consigna también 19.200 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).
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