La muerte de los cuatro líderes indígenas de Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali, pudo evitarse. Edwin Chota había denunciado en varias ocasiones que madereros ilegales que operaban en la frontera entre Brasil y Perú lo habían amenazado de muerte en varias ocasiones, pero ni el Ministerio Público ni la Policía hicieron caso del peligro que corría en su trabajo de defender su territorio y los bosques amazónicos.
Hoy, casi nueve años después de aquel 1 de septiembre del 2014, las viudas de Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo viven un estado de desprotección similar. Y es que ayer se conoció que el Poder Judicial anuló la sentencia de 28 años de cárcel contra los cinco implicados el delito de homicidio calificado en agravio de los dirigentes asháninka.
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró la nulidad de la sentencia que había sido impuesta por el Juzgado Unipersonal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en febrero de este año.
Debido a esta cuestionable decisión Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, considerados autores mediatos de las muertes, permanecerán libres mientras se desarrolle un nuevo juicio oral. Y también los coautores Eurico Mapes Gomez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix.
“El abogado de las cuatro viudas de Saweto, Yusen Caraza, explicó a Infobae Perú que las agraviadas se sienten abandonadas por el sistema de justicia ante esta polémica decisión. “Ellas viven con miedo. Tres de ellas han sido trasladadas de su comunidad a la ciudad de Pucallpa debido al temor. Una de ellas aún habita en Saweto, de donde también son los hermanos Atachi Felix. Ese miedo vuelve ahora cuando por fin creían que habían alcanzado justicia”, señaló.
El letrado explicó que ante el tiempo transcurrido las agraviadas y la propia comunidad tienen derecho a acceder a una sentencia real y firme. Esto ocurre “por errores o fallas jurisdiccionales de fiscales y jueces que tienen la responsabilidad de llevar un proceso penal objetivo y claro”, denunció.
Ahora, la decisión de anular la sentencia por parte de los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia Lima alejan más aún la posibilidad de justicia para las víctimas, asesinadas con suma crueldad y ensañamiento.
“Ellas sienten mucha indignación. Nuevamente vamos a iniciar un juicio oral, vamos a reiniciar todo lo caminado. Nosotros estamos realmente indignados”, indicó Caraza. También explicó que este nuevo proceso debe ser llevado por otro juzgado, diferente al que les dictó la condena en primera instancia.
Al ser consultado si para obtener una nueva sentencia podrían pasar otros muchos años respondió que esto no es posible, pues aunque el juicio volverá a iniciarse al menos ya se ha hecho el trabajo de investigación preparatoria, por lo que tampoco es que es un retroceso a cero.
Sin embargo, en ese interín, todos los acusados de homicidio continuarán en libertad, ya que a pesar de que fueron condenados en febrero de este año todos ellos permanecieron libres gracias al recurso de apelación que presentaron, recurso que finalmente los ha terminado favoreciendo.
“La burocracia, la lentitud en los procesos del Poder Judicial y el Ministerio Público han jugado en contra. Las viudas han sido maltratadas por el sistema de justicia”, señaló.
¿Cuáles fueron los argumentos para que los jueces dispongan anular la sentencia y permitan el pase de la impunidad?
“Los jueces superiores han determinado que la sentencia de primera instancia no tiene una motivacion adecuada y que han hecho la incorporación de una prueba excluida de un testigo protegido, principalmente”, explicó el abogado de las viudas de Saweto.
Lo cierto es que en dos días se cumplen nueve años desde los crueles asesinatos y aún no hay justicia para Saweto.
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