“Ni Plan Bukele ni Plan Boluarte”: qué son los comités de autodefensa que custodian con éxito la selva de Perú

A cientos de kilómetros de Lima, la capital del Perú, en una recóndita y agreste zona de la selva, la seguridad no es solo un tema de la policía y las fuerzas armadas. En ese lugar, velar por el bienestar de la comunidad también es competencia de los llamados Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD).

Este bien organizado grupo, provisto de fusiles y otras armas de largo alcance, custodia la carretera de ingreso al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, más conocido por sus siglas Vraem, donde prolifera, sobre todo, el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado. Los propios militares y policías han tenido bajas que se cuentan por decenas en este peligroso punto.

“Ni plan Bukele, ni plan Dina (Boluarte). La seguridad que prestan los comités de autodefensa (CAD) en la carretera de ingreso al Vraem, es mucho más seguro y funcional para dar seguridad en las carreteras del país. Lo único que requieren es una pequeña palanca de los gobiernos regionales”, asegura Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad y orden interno.

El experto compartió, a través sus redes sociales, un video en el que se observa la labor que hacen los comités de autodefensa en esta zona de acceso al Vraem. En las imágenes se les ve a integrantes con fusiles y escopetas, mientras cierran con conos una parte de la vía.

Vehículo que se acerca es abordado por los comandos del CAD para consultarle al conductor y sus ocupantes la razón de su ingreso al valle. La carretera que custodian es la de Yanamonte, en el distrito de Ayna.

“Antes asaltaban bastante, pero desde que estamos nosotros ya no hay. Estamos acá cerca de dos años. El Estado peruano no nos paga y vivimos de la ayuda (propinas) de los transportistas. A veces un sol, dos soles, otras cincuenta céntimos”, se le oye decir al autodenominado Comando Lobo, un hombre de unos 60 años que carga un fusil de guerra, en el video.

De acuerdo al comando, su horario va de 2 de la madrugada a 10 de la noche, de forma ininterrumpida, pero sí por turnos. Solo se mueven para comer y hacer sus necesidades, porque entienden que ante el mínimo descuido pueden ser emboscados por los grupos criminales.

Para custodiar la carretera y otros puntos de acceso al Vraem, los comités se dan abasto, gracias a la participación activa de la comunidad, que se hartó de la criminalidad en sus tierras, esa que atemoriza a sus hijos, ancianos y mujeres, según el Comando Lobo.

Aunque hay cierto respaldo a este tipo de iniciativa, principalmente de las comunidades que se sienten abandonadas por sus autoridades, también existen voces disidentes que advierten la peligrosisad de que los civiles se provean de armas para tomar lucha directa contra el crimen.

Una de esas voces es Ricardo Valdes, experto en seguidad y ex viceministro del Interior, quien va en la línea que avalar el uso de armas de parte de este tipo de comités es abrir la puerta a una potencial paramilitarización en el país.

Surgieron hace más de tres décadas en la zona rural del Perú. Tuvieron un gran protagonismo por el papel que jugaron para frenar el avance del terrorismo entre los años 80 y 90. Eran grupos de comuneros que se empezaron a organizar y armar para hacerle frente a movimientos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Se dejó de hablar de ellos durante la última década, pero volvieron a ganar notoriedad en junio de 2022, cuando se desató una controversia, luego que el Congreso de la República aprobara -por insistencia- la Ley 311494 que reconoce a los CAD y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana.

Para expertos, esta norma modificó el marco legal vigente en el Perú y otorgó nuevas prerrogativas a los comités. Pese a que ya estaban reconocidas desde 1991 y tenían la facultad de portar armas, la Defensoría del Pueblo se pronunció porque supuestamente se estaba ‘desvirtuando el origen’.

“Resulta inaceptable, dado que se faculta a estas organizaciones civiles a un mayor uso de armas de fuego y se les traslada la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana. Esto supone concederles atribuciones propias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.)”, reprochó el organismo.

Incluso, el entonces gobierno de Pedro Castillo y su otrora ministro del Interior, Walter Gavidia, se opusieron a la aprobación de la ley.