Daniel Salaverry enfrenta una grave acusación. El Ministerio Público pidió 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público para el excandidato presidencial de Somos Perú por la presunta comisión del delito de peculado, al haberse apropiado de casi 10 mil soles que le fueron asignados entre el 2017 y 2018 para cubrir sus gastos de las semanas de representación cuando era congresista.
El fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, es el encargado de llevar el caso del exparlamentario.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso el diario El Comercio, Daniel Salaverry se habría “apropiado para sí de caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso, por el concepto de apoyo logístico en la semana de representación”.
En la investigación de la Fiscalía se precisa que el exparlamentario no cumplió con sus actividades de representación en su región, La Libertad, en los meses de noviembre y diciembre del 2017, así como de enero, febrero y marzo del 2018, y que no devolvió el dinero asignado, que asciende a un total de S/ 10.080.
Además, se le acusa de favorecer a cuatro trabajadores de su despacho con los viáticos asignados. En este caso, el despacho del fiscal Uriel Terán calcula que se llegó a un perjuicio total de S/ 9.537.80 entre enero del 2017 y marzo del 2018.
Fiscalía recogió testimonios y documentos que lo incriminan
El caso de Daniel Salaverry se conoció tras el reportaje emitido por el dominical Panorama en el 2018. El escándalo motivó que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presente una denuncia constitucional ante el Congreso, por los delitos de peculado, falsedad ideológica y falsedad genérica, y la que fue aprobada en el 2022 para iniciar con las pesquisas.
Con las pruebas y testimonios recogidos por la Fiscalía, se sostiene que el excongresista Salaverry no se presentó a varias fechas de sus semanas de representación y que envió a sus trabajadores en su reemplazo, a pesar de que las normas del Congreso no autorizaban a un parlamentario a delegar sus funciones.
En el documento acusatorio, se precisa que Daniel Salaverry recibió los montos asignados para cumplir con sus actividades en la región donde fue electo y no presentó los informes de las actividades realizadas.
“Así, el acusado, infringió su deber funcional, apropiándose para sí de los caudales que tenía bajo su administración; pues, debía de llevar a cabo acción específica conforme a su labor congresal en función al dinero otorgado por el Estado; al no ejecutarlas y no devolver el dinero no utilizado se apropia de éste”, señala el Ministerio Público.
“Es una denuncia absurda, sin pies ni cabeza”
En diálogo con El Comercio, Daniel Salaverry rechazó la acusación de la fiscalía por peculado, a la que tildó de “absurda y sin pies ni cabeza” y consideró que deberá ser desestimada al momento de ser evaluada por el Poder Judicial.
“Estoy seguro de que cuando esto pase al juez de control de garantías, va a tener que evaluar lo que estoy diciendo. Yo estoy tranquilo porque sé que la razón tiene que prevalecer y el juez va a tener que archivar esto”, aseguró.
El excandidato presidencial respondió también a la acusación por peculado al, supuestamente, apropiarse para sí mismo de los fondos del Congreso por no cumplir con los días de la semana de representación. Precisó que sus labores, en ese entonces como vocero de la bancada de Fuerza Popular, requerían su presencia en Lima.
Con respecto al favorecimiento con viáticos a sus asesores, Daniel Salaverry indicó que otra fiscalía ya los investigó y las pericias realizadas determinaron que no hubo perjuicio económico al presentarse los documentos probatorios.
En los próximos días se sabrá el rumbo de la acusación fiscal contra Daniel Salaverry. Será el juez Juan Carlos Checkley quien dirigirá el control de acusación de este caso y determinará si el caso merece pasar a juicio en la Corte Suprema.
¿Quién es Daniel Salaverry?
Daniel Salaverry Villa es un político natural de Trujillo. Fue militante del Apra y candidato por este partido a alcalde de Trujillo en el 2010, sin lograr ser elegido. Volvió a la contienda por el sillón municipal en el 2014, de la mano de Fuerza Popular, siendo nuevamente derrotado.
Posteriormente, tienta el cargo de congresista en el 2016 integrando la lista del fujimorismo, como representante de La Libertad, siendo elegido. En el 2017 es designado vocero de la bancada naranja y en el 2018 fue elegido como presidente del Congreso de la República.
El ‘matrimonio’ con el fujimorismo duró poco tiempo y se alejó del partido, mientras daba muestras de cercanía con el entonces presidente, Martín Vizcarra, con quien forma una alianza para presentarse a las elecciones generales del 2021 por Somos Perú.
Con Pedro Castillo, Salaverry tuvo cierto acercamiento en el 2022 a través del asesor Biberto Castillo, hoy bajo prisión preventiva por el caso ‘Gabinete en la sombra’, quien influye en el vacado expresidente para que el congresista sea nombrado presidente de Perú-Petro y luego consejero presidencial.