La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió la demanda presentada por el líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quien acusó al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales, así como permitir que sea torturado sin investigar “diligentemente tales hechos”.
La exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz advirtió este miércoles que el informe de admisibilidad, aprobado por el órgano internacional en marzo del 2022, pretende modificar la jurisprudencia sobre juzgamientos por terrorismo en Perú.
“Desconozco por qué no se ha hecho público antes [...] Si el Estado no logra hacer una defensa adecuada, el tema se lleva recién ante la Corte IDH. Este tipo de informes es absolutamente clave porque muchos de estos casos no lleguen a esta instancia”, señaló la letrada en diálogo con Canal N.
Agregó que Polay Campos ya había presentado una queja ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otra ante la misma CIDH, que fue archivada en 2010. Con la reciente decisión, la Comisión “vuelve a plantear la necesidad de revisar el juicio a cargo de la Sala Penal Nacional”, formada por los vocales superiores Pablo Talavera, David Loli Bonilla y Jimena Cayo, que en 2006 condenó al jefe histórico del MRTA a 32 años de prisión y ordenó pagar una reparación civil de 50 millones de soles.
“La Corte considera que hay material en función en lo alegado en el expediente para poder evaluar la forma en que se dio el juzgamiento a cargo de la Sala Penal y la demora en el procesamiento de dicho caso, cuando todos estos temas ya han sido resueltos por la misma CIDH [en otros casos]. Por eso, llama poderosamente la atención que la Comisión pretenda abrir una discusión, sobre temas que ya han sido zanjados hace varios años”, continuó.
La defensa del líder terrorista, quien permanece preso desde 1992 en la Base Naval del Callao, señaló que su patrocinado vivió actos de tortura en su reclusión y que su derecho a la libertad religiosa y estudios, entre otros, fueron atropellados.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha señalado al MRTA como responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas que causó la violencia política en el país entre 1980 y 2000. El grupo subversivo, que inició sus acciones en 1984, dirigió sus ataques, principalmente, contra autoridades políticas y militares, así como a instituciones y comercios vinculados a Estados Unidos.
Sin embargo, algunas de sus acciones más sanguinarias fueron los secuestros de empresarios, algunos de los cuales murieron de hambre en las denominadas ‘cárceles del pueblo’.
La situación judicial de Polay generó, en 2006, un pronunciamiento de políticos de izquierda, intelectuales y artistas, quienes pidieron una “sentencia justa” y afirmaron, de igual modo, que había sido sometido a condiciones infrahumanas en los años que lleva recluido. Asimismo, consideraron que su “reincorporación” a la vida política era “fundamental para el desarrollo de la democracia”.
Durante el desarrollo del juicio, el imputado incluso dejó abierta la posibilidad de presentar su candidatura presidencial. Sin embargo, el procurador antiterrorista Guillermo Cabala remarcó que el dirigente subversivo quiso “hacer creer que es un perseguido o preso político, que lo que hizo no fue terrorismo, sino un accionar revolucionario de tipo político”.
La admisión de su demanda en la CIDH se ha hecho pública la misma semana del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que consigna unos 69.000 muertos y 19.200 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).
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