El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, aceptó la solicitud de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima y dispuso este lunes iniciar una investigación por lavado de activos contra Brookfield, mayor accionista de Rutas de Lima, el consorcio que administra los peajes Chillón, Huaylas y Conchán.
Según un documento difundido por Latina, el magistrado declaró compleja la pesquisa, fijó un plazo de ocho meses para las diligencias preliminares y citó al procurador de la comuna limeña, Carlos Cosavalente, para que declare el próximo 15 de septiembre a raíz de una denuncia que presentó contra la firma a inicios de agosto.
De acuerdo con la acusación, “existen indicios” de que Brookfield estaría incurriendo en el delito de lavado de activos para beneficiar a la transnacional Odebrecht Latinvest, también accionista junto con Sigma.
Basado en un informe periodístico del 2017, Cosavalente argumentó que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata [implicado en un escándalo de corrupción a nivel latinoamericano], se mantienen como apoderados de Rutas de Lima”, pues la firma vendió a Brookfield el 57% de las acciones que actualmente registra.
“De esta forma, Odebrecht se quedó con 25 % y Sigma con el 18 % de las participaciones”; sin embargo, “luego de efectuada la transferencia financiera con el fondo canadiense Brooksfield, Odebrecht continuaba dirigiendo Rutas de Lima y, en consecuencia, seguiría a cargo del servicio e-pass consistente en la recaudación automática en los peajes”.
Cosavalente también señaló que, ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), “Odebrecht Perú Peajes SAC consignó como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en Rutas de Lima y, a su vez, en Odebrecht Latinvest”. La empresa ya ha rechazado la denuncia.
Cuando todavía era candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga prometió acabar con el cobro de los peajes a cargo del consorcio. En el primer mes de gestión, el Concejo Municipal anuló el contrato de concesión, por lo cual la firma inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Aunque un tribunal de este organismo dejó sin efecto el término del contrato, a fines de julio el burgomaestre ultraconservador invocó a Rutas de Lima a “devolver [a la administración edil] los peajes de la corrupción”, un ultimátum que fue desoído y abrió una tensión entre los implicados.
“Hay constructoras serias, en Brasil mismo, en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón, que no vienen al Perú porque está Odebrecht. Me lo han dicho: ‘Perú es la chacra de Odebrecht’. No vamos a concursar, porque hay un delincuente ahí metido en tu país. Me da pena que [...] siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, llamo ‘ratas’ de Lima”, dijo.
El propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, refirió entonces que su cartera intentó mediar, sin éxito, para que se cumpla con la disposición aprobada por el Consejo Metropolitano, y consideró que el principal problema es “cómo hacer que Odebrecht salga de este consorcio”.
A la fecha, los ciudadanos continúan pagando 6.50 soles cada vez que atraviesan estas carreteras, un panorama que empujó a un grupo de vecinos y autoridades de la Municipalidad de Puente Piedra a realizar un plantón con el lema “No más peaje”.
En 2021, a raíz del megaescándalo Lava Jato, Brookfield presentó a la comuna limeña una propuesta para modificar tres cláusulas del contrato de concesión y poder adquirir la participación del 25% que aún mantiene Odebrecht Latinvest.
Con el actual contrato de concesión, firmado en 2013, ni Brookfield puede comprar la participación del socio estratégico —Odebrecht— ni este puede venderla, sin la autorización expresa del concedente, la Municipalidad de Lima.
Según un informe de Epicentro TV, los “nudos” están contenidos en las cláusulas 1.109, 15.8 y 15.9 del contrato. Si la gestión de López Aliaga firma la propuesta de Brookfield, la salida de Odebrecht sería cuestión de tiempo. Pero hasta ahora no lo hace.
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