El legislador Paul Gutiérrez (Perú Libre) presentó en julio pasado un proyecto para incorporar la exoneración automática de alimentos, con lo cual eventualmente quedaría sin efecto la aportación económica que debe otorgar a su hija, un monto que asciende al 22% de su salario parlamentario (casi 3.500 soles).
Según un informe difundido este martes por Al estilo Juliana, la iniciativa que impulsa el diputado plantea que el alimentista —como se llama a la persona beneficiaria de una asignación para alimentos— no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores, los mismos argumentos que empleó en instancias judiciales para dejar de pagar la pensión a su hija (24).
“Nunca se ha preocupado por la salud de su hija. Se olvidó del estado emocional, ya no quiere pasar pensión de alimentos [:..] Me indigna, él está pensando en su propio beneficio, pero no se da cuenta que está perjudicando a muchos jóvenes”, dijo al programa Delfina Moreano, madre de la joven.
El Centro Liber, un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), había divulgado previamente los expedientes judiciales de este caso que data de 1999. Desde entonces, el diputado ha intentado suspender y exonerar la demanda, por lo menos, en tres ocasiones.
La primera fue interpuesta en 2009 ante el Poder Judicial, pero fue declarada infundada. La segunda, en agosto del 2021, fue declarada inadmisible por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (en Apurímac, su región natal) por contener diferentes observaciones. Aunque el juzgado le otorgó tres días para subsanar las contemplaciones, el parlamentario no cumplió, de modo que su solicitud fue rechazada y archivada, según el informe.
El legislador volvió a presentar una tercera demanda en enero de 2022, que sí fue admitida. En mayo de ese año se realizó la audiencia única del caso, donde Gutiérrez argumentó que su hija cumplió la mayoría de edad y sigue estudios superiores con notas desaprobatorias.
La alimentista, por su parte, sostuvo que sus calificaciones se deben a altibajos causados, entre otros motivos, por la carencia de una figura paterna, problemas neurológicos y psicológicos, frustración personal por no estudiar la carrera deseada por falta de apoyo de su padre. Además, mencionó que en ese momento mantenía un promedio ponderado de 11,06.
Tras evaluar las pruebas de ambas partes, el Juzgado de Paz Letrado del Pueblo Joven de Centenario declaró infundada la demanda. Ahora, después de fracasar en la vía judicial, Gutiérrez ha hecho uso de su prerrogativa legislativa para modificar la norma, pese a que, según el artículo 103 de la Constitución, “pueden expedirse leyes porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas”.
Ni el congresista ni su despacho reaccionaron a la acusación. De promulgarse la ‘ley Gutiérrez’, miles de jóvenes peruanos se verían afectados, según la abogada de familia Milagros García. “Si existen jóvenes que están estudiando una carrera universitaria, con esta ley se les recortaría los años en que se mantendría la obligatoriedad del otorgamiento de una pensión alimenticia. Se quedarían a mitad de carrera o, de repente, faltando uno o dos ciclos”, dijo.
Al igual que Gutiérrez, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), impulsó una ley para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados en su contra por la empresa de transportes Waynapicchu.
La Fiscalía ya ha iniciado una investigación preliminar en su contra como presunto autor del delito de concusión, que implica el cobro de impuestos o tasas arbitrarias por parte de una autoridad o funcionario público en provecho propio. La pesquisa también comprende a una de las trabajadoras de su despacho congresal, Phenélope Contreras, “como presunta cómplice”.
“No tengo ningún temor. No le temo a la [moción de] censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y lo que estoy demostrando”, dijo Soto sobre la moción de censura que el congresista Roberto Sánchez ha redactado y está en proceso de recoger firmas de respaldo.
“Me someto a la Comisión de Ética, pero esta comisión solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista desde el 26 de julio de 2021”, subrayó.
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