Seis años después de asumir la presidencia del Club Departamental Apurímac ―integrado por apurimeños que residen en Lima―, Dina Boluarte presentó su dimisión irrevocable en medio de acusaciones de conflicto de intereses, expulsiones arbitrarias y actos irregulares para perpetuarse en el poder, según un informe difundido este martes en Al estilo Juliana.
La empresaria Dina Bustinza, exsocia y exintegrante del Consejo Directivo en dos gestiones consecutivas, lidera una acusación a la que se han sumado decenas de exasociados que, en 2019, fueron expulsados irregularmente por oponerse a la administración de la letrada, devenida en jefa de Estado tras el golpe fallido de su antecesor.
“Después de su primera gestión, algunos no estuvimos de acuerdo con el manejo que ella tenía con el club. Se reeligió. Los que no le caíamos bien, como ella es abogada, vio que habíamos dejado de pagar y buscó la excusa para sacarnos”, señaló.
El programa expuso un documento que
los denunciantes remitirán al Ministerio Público y que implica a Boluarte en la expulsión del 60% de asociados, sin respetar el debido proceso, por no estar al día en sus cuotas, pese a que el estatuto del Club Apurímac establece que esta sanción recae sobre quienes adeudan montos por un año consecutivo y tras un proceso en el Tribunal de Honor en segunda instancia.
“¿Cómo me saca de la intuición por no haber pagado dos meses? En tal caso, primero hay un tema de prevención que se debió comunicar a mí y a todos los expulsados, somos un montón. Es una cosa no solo injusta, sino incorrecta”, consideró Bustinza.
El oficio que será dirigido a Fiscalía también contiene información sobre la supuesta colocación ‘a caballazo’ ´de 60 nuevos miembros, una acción con la cual Boluarte buscaba para tener mayoría y ser reelegida en el período 2019-2020. Los asociados no cumplían con los requisitos reglamentarios. Esta “confabulación” ya había sido expuesta en el semanario Hildebrandt en sus Trece.
El mismo documento menciona que, días antes de que juramentara como vicepresidenta de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la actual gobernante modificó el estatuto para prorrogar su mandato hasta 2024.
Ya en el gobierno, Boluarte solicitó licencia y nombró como presidenta interina a Gladys Delgado, una figura eventualmente anticonstitucional, pues, según expertos, los ministros están impedidos de presidir simultáneamente una asociación privada o de gestionar empresas y asociaciones sin fines de lucro.
En junio de 2022, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una moción de interpelación porque, según indicó, la titularidad en el Club Apurímac contravenía el artículo 126 de la Carta Magna a partir de la supremacía constitucional recogida en el artículo 51.
En el mismo reportaje, Bustinza también acusó a la política de emplear las instalaciones del club durante la campaña de Perú Libre, cuando incluso Castillo y la excandidata Verónica Mendoza firmaron una alianza en la sede de Jesús María. “Para situaciones políticas no se usa. Cuando he ido he visto hasta la secretaria con chaqueta de Perú Libre”, abundó.
La Contraloría ya había notificado que la mandataria firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando formaba parte del Ejecutivo. Algunos nuevos asociados, incluso, ganaron contratos por 3,2 millones con el Estado.
En su carta de dimisión, fechada el 9 de agosto, pero hecha pública esta semana, Boluarte señaló que, por razones ajenas a su voluntad, quedó impedida de “hacer llegar su renuncia anticipadamente”.
La mandataria enfrenta, a la fecha, una investigación fiscal por las muertes durante las protestas antigubernamentales y por el plagio registrado en dos libros que consignó en su biografía académica para postular a un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).