La activista Ana Estrada, quien lucha desde 2019 por acceder a una muerte digna ante la enfermedad degenerativa e incurable que padece, denunció este martes que el Seguro Social (EsSalud) aún incumple el dictamen del Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en febrero pasado ordenó a la institución y al Ministerio de Salud diseñar y ejecutar un plan y protocolo que haga viable su eutanasia.
“Según el fallo, los trámites para hacer efectivo mi derecho debían terminar en abril. Sin embargo, EsSalud incumplió varios plazos legales. Demoró en formar las comisiones y elaborar los documentos necesarios [...] A pesar de las multas que le impuso la jueza de ejecución, sigue incumpliendo sus órdenes“, escribió la psicóloga en la plataforma de peticiones Change.org.
Su solicitud ha sido respaldada por más de mil firmantes, entre ellos Rocío Silva Santisteban, exongresista y exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Clara Elvira Ospina, periodista de investigación; y Francisco Adrianzén, cineasta.
A puertas de septiembre, Estrada desconoce el contenido del protocolo a su favor y, por lo mismo, el momento en que podrá efectuar su derecho. Por ello, invocó la intervención del Poder Judicial para que reitere al Seguro “su obligación” de brindarle acceso, con lo cual quedaría garantizado que el contenido del texto “no entorpecerá” su conquista.
“[Esa barrera] me preocupa mucho. [EsSalud] tampoco le permitió a la Defensoría del Pueblo verlo. Todo ello, a pesar de que la jueza le ha reiterado que me permita tener acceso a su contenido. ¿De qué sirven las sentencias si no se cumplen a tiempo?”, cuestionó.
La activista, diagnosticada desde los 12 años con poliomistiosis —un mal que provoca debilidad muscular progresiva y que la obligó a estar en cama al comprometer sus órganos respiratorios—, mencionó que, debido al deterioro de su salud, ha perdido la voz y apenas puede salir de cama.
“Las infecciones son cada vez más recurrentes y los diferentes tratamientos a los que he sido sometida me han debilitado física y anímicamente”, describió después de exhortar “a tener listos los trámites necesarios” para hacer efectiva su libertad “de decidir sobre el final de mi vida, cuando así lo desee, conforme a mi idea de dignidad”.
La eutanasia no está permitida en Perú —a diferencia de Colombia, España o Suiza— y se castiga hasta con tres años de cárcel a quien ayude a morir a otro que lo solicite. Sin embargo, en el caso de Estrada, la Corte Superior dispuso en 2021 una excepción para que se “inaplique” el artículo 112 del Código Penal, que prohíbe la muerte asistida. Tras esta decisión histórica, ni el Gobierno peruano ni EsSalud apelaron la sentencia.
Seis años antes de ese hito, permaneció un largo período en una unidad de cuidados intensivos (UCI) —postrada, respirando por la tráquea y “con un cuerpo que no reconocía”—, por lo que se identifica mucho con la lucha feminista y su objetivo de conseguir la libertad y elección sobre los propios cuerpos, según dijo en una entrevista concedida a la agencia EFE en 2022.
Tras esta etapa oscura, unos años investigando sobre sus opciones y ver que no había grandes soluciones para su enfermedad, Estrada abrió en 2019 un blog para expresarse, pero no con el fin de conseguir nada ni de convertirse en el símbolo en que ha devenido.
“Mi recorrido por el activismo ha sido mucho más positivo que negativo, cuando empecé creía que todo sería indiferencia o ataques y dije, bueno, no pasa nada, pero no, al final ha sido el camino lo que paradójicamente me ha llevado a valorar mucho más la vida y eso es algo que difícilmente la gente que esté en contra lo comprenda”, dijo.
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