Nueve años sin justicia: anulan condena contra sentenciados por asesinatos de líderes indígenas de Saweto

Impunidad. Cuando el Poder Judicial condenó a 28 años y 3 meses de cárcel a los madereros ilegales acusados por el homicidio de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto, en Ucayali, la familia de estos últimos creyó que por fin se había hecho justicia para las víctimas.

Sin embargo, solo medio año después, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ha declarado la nulidad de la sentencia contra los cinco implicados -que había sido impuesta por el Juzgado Unipersonal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en febrero de este año- y el pago de 200 mil soles por concepto de reparación civil a los deudos.

La pena ha sido anulada para Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, autores mediatos de acuerdo consideraron los magistrados que dictaron la condena. Y también para los coautores Eurico Mapes Gomez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix, pese a haber sido declarados como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, con la circunstancia agravante de alevosía, contra los líderes indígenas en primera instancia.

Inicialmente, el Poder Judicial había comunicado que la pena había sido ratificada para los dos primeros; sin embargo, el abogado de las viudas de Saweto aclaró que la nulidad se extiende para todos los implicados, por lo que todos ellos se hallan libres. Luego, el PJ corrigió su información errada.

Cuando esta sentencia fue dictada, en febrero de este 2023, la pena de cárcel no se hizo efectiva para ninguno de los cinco, puesto que sus abogados defensores ganaron tiempo presentando el recurso de apelación que este 29 de agosto fue respondido.

Tras la Audiencia de Apelación de Sentencia, realizada este 29 de agosto, se dispone que la realización de un nuevo juicio oral por los asesinatos de los defensores indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo. Es decir, el largo camino de revictimización para los deudos y los procesos judiciales que iniciaron en el 2014 se reinicia. Un proceso doloroso que tendrán que volver a vivir.

Pese a la alevosía con las que las muertes fueron ejecutadas, los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia Lima dispusieron la nulidad del fallo condenatorio logrado en primera instancia, para parte de los sentenciados.

Con la decisión de esta Sala se tiene que realizar otro juicio oral en los casos de Mapes Gomez y los Atachi Felix, según consigna la resolución judicial.

“Ordenaron la realización de un nuevo juicio oral por otro colegiado penal, a la brevedad posible”, se lee en el documento.

Desde sus redes sociales, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó su rechazo al fallo y señaló que “con esta decisión, las familias y la comunidad de los cuatro líderes indígenas, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintismina y Francisco Pinedo, siguen sin conseguir justicia”.

En setiembre del 2014 Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes de la comunidad de Saweto, fueron asesinados en la frontera de Perú y Brasil, a muy poca distancia del territorio de su comunidad. La alevosía se notaba en las cuchilladas y balazos de escopeta de los cuerpos hallados en una quebrada sobre el río Tamaya.

Varios días después de su desaparición, la policía halló sus restos incinerados. Luego, el peritaje detalló que se trataba de un fémur, una tibia, partes del pie. Los asesinos querían vengarse, pues desde el 2008, los dirigentes, principalmente Chota, había denunciado en reiteradas ocasiones que una mafia de traficantes de madera operaba en la frontera de Perú y Brasil, dentro del territorio.

Lamentablemente, estas muertes pudieron ser evitadas, pues antes de su asesinato, Edwin Chota presentó al menos tres denuncias (entre 2008 y 2014) y varias cartas ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali donde detallaba las actividades que realizaban los taladores en Saweto. Asimismo, informó sobre las amenazas que padecían los integrantes de su comunidad e incluyó las coordenadas de los sectores donde se extraía la madera de manera ilegal e identificó con nombres completos a quienes realizaban hostigamiento y la devastación. Fue ignorado.