Hoy, el Gobierno de Dina Boluarte solicitará al Congreso de la República facultades legislativas para implementar más de 30 medidas que combatan la criminalidad en el país que fueron anunciadas durante el Mensaje a la Nación.
El Ejecutivo expondrá ante el Parlamento sus planes de reformas para combatir el flagelo de la extorsión, estafa, robo y se contempla la implementación de una norma para la expulsión de ciudadanos extranjeros en casos de delitos en flagrancia.
Para las 10:00 de la mañana se tiene previsto que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto con su gabinete, acuda a la sede del Legislativo para presentar y sustentar las propuestas del Ejecutivo, en lo que sería el ‘Plan Boluarte’ como respuesta a los pedidos de algunos políticos y otras autoridades por emular el régimen que el mandatario Nayib Bukele ha implantado en El Salvador.
Recordemos que hace unos días la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el pedido de implementar el ‘Plan Bukele’ en el Perú y tomó distancia indicando que “cada país tiene su particularidad y que los peruanos tienen que tejer su propia historia”.
¿Cuáles son las medidas que presentará el Ejecutivo?
Durante el Mensaje de la Nación, la presidenta Dina Boluarte adelantó las medidas que su gobierno busca implementar para combatir la criminalidad en el país y que se enmarcan en el contexto de las facultades legislativas que fueron solicitadas al Congreso de la República para atender las principales demandas de la población peruana en torno a la lucha contra la criminalidad. En su última aparición pública, la mandataria instó al Parlamento “a dar prioridad a esta solicitud” en su agenda.
“Tenemos la intención de establecer más de 30 normativas directamente relacionadas con la seguridad ciudadana, con el propósito de fortalecer la lucha contra la extorsión, estafa, robo, hurto y el uso de celulares robados. En adición, en el contexto de delitos cometidos por extranjeros, incorporaremos en el Código Penal la pena de expulsión en casos de flagrancia”, afirmó.
Entre las iniciativas que el ejecutivo busca implementar con las facultades legislativas están:
Expulsión de extranjeros: Se propone modificar el artículo 30 del Código Penal para añadir la figura de expulsión a personas extranjeras que tengan una condena suspendida o condicional, además de presentar un proyecto de ley que diseñe una normativa aplicable a personas de origen extranjero que cometen actos delictivos en el país y cuya identidad no puede ser acreditada fácilmente.
Robo de celulares: Reformar los alcances de los delitos de robo, hurto y penalización de celulares robados mediante la modificación del Código Penal para acabar con el “ciclo pernicioso” de la venta de dispositivos móviles robados que muchas veces termina con la vida de las víctimas con tal de despojarlas de sus pertenencias.
Trata de personas: También se busca cambiar el artículo 303-A del Código Penal para sancionar a las personas que “promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el fin de obtener, directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí o para terceros”.
Requisitorias por violencia sexual: Propuesta para reformar el Código Procesal Penal para determinar que las requisitorias de la PNP no caduquen hasta que los sujetos denunciados por violencia contra la mujer sean detenidos.
Reformas en la PNP: Se harán cambios dentro de la estructura de la Policía Nacional de Perú (PNP). Se propondrá la creación de la categoría de ‘Policía de Orden y Seguridad’ que se enfocará en fortalecer la seguridad de la ciudadanía. Además, se presentará una propuesta para reformar el Decreto Legislativo N°29010, Ley que Faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a Disponer Recursos a Favor de la Policía Nacional del Perú, para que los gobiernos regionales y locales puedan disponer de dinero para invertir en servicios policiales.
Ciberseguridad: Se presentará la ‘Ley de Internet Seguro’, para determinar un marco regulatorio que se adapte a estándares internacionales y permita la adecuación de las regulaciones actuales para abordar la ciberdelincuencia y los riesgos en línea, especialmente en lo que concierne a la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.
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