El Archivo de Seguridad Nacional, una institución no gubernamental que difunde documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, ha divulgado una veintena de cables e informes de inteligencia que datan del conflicto armado interno (1980-2000) y revelan que los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori encubrieron ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares.
Los informes han sido desclasificados este lunes, a propósito del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que consigna unos 69.000 muertos y 19.200 personas desaparecidas durante este sanguinario período que enfrentó al Estado con Sendero Luminoso.
El grupo terrorista, responsable de la mayor parte de estas muertes, fue subestimado durante el primer lustro de los ochenta por el Centro Nacional de Evaluación Exterior de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), que supuso entonces que era una amenaza menor y que “seguramente sería destrozado en algún enfrentamiento con el Ejército”, consigna La República, que accedió a los documentos.
Otro informe de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, de mayo de 1988, expone que el líder histórico del Partido Aprista, Armando Villanueva, expremier en el primer gobierno del expresidente Alan García, deslizó “que no le importaba si los militares ejecutaban a todos los guerrilleros de Sendero que capturaban”, siempre y cuando lo hicieran “discretamente”.
Solo días atrás, en el distrito de Cayara (Ayacucho), había ocurrido una masacre. El grupo terrorista emboscó a una patrulla militar y asesinó a cuatro soldados. En respuesta, las Fuerzas Armadas lanzaron una operación de persecución en la que participaron dos centenares de soldados. Al menos 33 campesinos quechuahablantes fueron desaparecidos en represalia, según la CVR.
Según el documento desclasificado, Villanueva redactó entonces un comunicado que respaldaba la versión del Ejército y aseguró, paralelamente, que cualquier intento de investigar la masacre “sería inmediatamente derrotado”. 25 años después, a mediados de agosto, siete militares fueron condenados por este caso.
Otros cables confidenciales consignan una solicitud de asilo del fiscal Carlos Escobar, quien había investigado el caso, así como el surgimiento del escuadrón de la muerte, el comando paramilitar Rodrigo Franco, creado bajo la administración de García para eliminar a presuntos terroristas.
Pero los peores casos de violación de derechos humanos ocurrieron al comienzo del régimen de Alberto Fujimori, actualmente recluido en el penal de Barbadillo. Una evaluación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) menciona que los militares que intentaron exponer las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por las cuales el exdictador cumple 25 años de cárcel, tuvieron peligrosas repercusiones.
Otro documento de la CIA de junio de 1997 notifica que Fujimori dio “la orden de no capturar a ningún emerretista con vida” cuando la toma de la embajada de Japón, cuya liberación de rehenes puso punto final con una masacre a cargo del Estado.
“El mensaje describe como uno de los comandos militares de la operación de rescate reconoció a Rolly Rojas, miembro del MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru], apodado El Árabe, entre los rehenes que estaban sacando de la residencia. Lo detuvo, lo llevó otra vez a la residencia y le disparó en la cabeza. Luego colocó su cuerpo junto a su líder Néstor Cerpa Cartolini, quien había sido asesinado durante el fuego cruzado. El cable también señaló que una mujer del MRTA fue ejecutada tras entregarse a las fuerzas de seguridad”, detalla la publicación, citada por El País.
En este extremo también hay menciones al asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, en 1997, a manos de sus excompañeros del grupo militar encubierto Colina. Por este caso, en junio de este año, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos fue condenado a 23 años de cárcel, junto al exjefe militar Martín Rivas.
Con estas divulgaciones, el Archivo de Seguridad Nacional, que también desclasificó documentos que arrojan luz sobre el golpe de Augusto Pinochet en Chile (1973), remarcó que la actual crisis política peruana “demuestra que el legado del pasado violento todavía está muy presente”.
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