El general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), invocó este domingo al Poder Judicial a fallar “a favor de las víctimas” del crimen organizado y no “de las garantías” de los procesados, quienes, bajo su óptica, “no merecen derechos humanos”.
En diálogo con Punto Final, el jefe policial volvió a referirse a la decisión de la jueza Nathaly Acosta, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte de Lima Este, quien rechazó la semana pasada dictar prisión preventiva contra 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Entre los liberados por decisión judicial estaba José Gonzáles (27), cómplice del abatido ‘Maldito Cris’.
La magistrada señaló entonces que la documentación aportada por el Ministerio Público no había sido debidamente verificada y que ninguno de los implicados fue imputado por sicariato u organización criminal. “La carpeta fiscal del caso es ‘Búnker de la Pantera Rosa’, no Tren de Aragua”, señaló Acosta en un comunicado.
“[Sin embargo], es bien difícil si está o no el término Tren de Aragua. No es el tema. Es consciencia. Los jueces tienen que ser independientes, autónomos, fallar con intuición, conocimiento, experiencia, ponderación de hechos, todo. [...] No es que se aparten de la impartición correcta de la justicia, sino que fallen a favor de las víctimas, no de las personas procesadas, que no merecen que se les respete los derechos”, replicó Arriola en el dominical, aunque luego reconsideró su respuesta.
“Retiro lo último. Todos merecen respeto por sus derechos, pero me parece un que poquito más los familiares [de las víctimas de la criminalidad] o perjudicados por estos delitos”, siguió. La abogada Josefina Miró Quesada, investigadora de justicia penal y derechos humanos, opinó que se trata de una mirada “peligrosísima”.
“¿Sabrá el general que los derechos son inherentes a la persona? ¿Cómo determinan a priori, sin garantías y debido proceso, quiénes merecen derechos humanos? Si esa es ‘su lógica’ para combatir la delincuencia, adiós, democracia. Debería irse”, anotó en su plataforma de X, antes Twitter.
Por su parte, Alonso Gurmendi, autor del libro ‘Conflicto armado en el Perú. La época del terrorismo bajo el derecho internacional’, difundió el clip donde aparece esta declaración y cuestionó: “¿Después que por qué van presos?”.
En la misma entrevista, Arriola refirió que al menos once bandas extranjeras operan en el país y tienen controladas 33 plazas en 14 distritos. “Esto ha sido corroborado como número. [...] Perú es el único lugar en la región donde se ha logrado la captura de 14 cabecillas del Tren de Aragua, [y otros] de los Gallegos, de Puros hermanos sicarios, de la Dinastía Alayón y de los Tiguerones de Ecuador. Se les ha puesto tras las rejas en penales seguros, como Challapalca, para evitar su acción nuevamente”, señaló.
De igual modo, mencionó que en los 2.800 penales del país hay recluidos unos 350 miembros de esta megabanda nacida hacia 2014 en Venezuela, que solo en la capital reúne alrededor de un millón de soles al mes en las diez plazas de prostitución sobre las que ejercen dominio, un control obtenido a sangre y fuego tras desplazar a proxenetas dispersos.
La extorsión, la coacción, el tráfico de migrantes y la corrupción son las principales características de una organización, en la que muchos de los integrantes son víctimas que pagan una cuota para mantener su negocio o integridad física.
Esta semana, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema, Javier Arévalo, y el premier Alberto Otárola plantearon la posibilidad de aplicar en el país algunas medidas adoptadas por el líder salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte señaló que cada país tiene su particularidad y que los peruanos deben “tejer su propia historia”.
“En consecuencia, nosotros de la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del Gobierno, conforme de nuestra peculiaridad y particularidad del país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”, dijo al cerrar la puerta a emular el régimen de Bukele para frenar la delincuencia.
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