El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, solicitó este lunes al Ejecutivo que su distrito sea el primero del país en aplicar un piloto que emule las medidas adoptadas por el líder de El Salvador, Nayib Bukele, sobre temas de seguridad interna y lucha contra la delincuencia.
En diálogo con la prensa, el burgomaestre adelantó que pedirá una reunión con Dina Boluarte para abordar el tema, pese a que la mandataria ha descartado la posibilidad de aplicar estas disposiciones para combatir la delincuencia.
“Hago un pedido al Gobierno Central, ya que la delincuencia se ha desbordado, que pudiéramos implementar en mi distrito el método de Bukele, como piloto, y en algunos distritos más que quieran adherirse al plan para articularlo e ir midiendo resultados. Si no lo hacemos ahora, estamos en camino a ser El Salvador de años atrás”, consideró Sifuentes.
“La ciudadanía nos demanda resultados, ya no justificaciones. Hay algunos críticos, pero ¿cuál es la alternativa que nos dan de manera clara y concreta para reducir los índices de inseguridad y en cuánto tiempo? Soy un convencido [del plan], pero necesitamos los recursos [...] El delincuente tiene que estar preso, no haciendo daño a los vecinos”, siguió.
Hasta el mes pasado, las siete comisarías de San Martín de Porres habían reportado más de cuatro mil robos, mientras que la Policía Nacional (PNP) tenía identificados 18 puntos críticos, llamados ‘zonas calientes’.
“Hace muy poco, por robarle un celular a una joven de 15 años, la acuchillaron. También asesinaron a un joven de 17 años. Esas víctimas pueden ser un hermano nuestro, un hijo nuestro. Invoco a la presidenta que pueda tomar en cuenta esto para reunirnos pronto”, anotó el burgomaestre.
Previamente, había firmado un “convenio de hermanamiento” con Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana —el distrito salvadoreño más grande—, quien se reunió también con otras autoridades locales, entre ellas Pedro Spadaro (Callao), Nancy Vizurraga (San Isidro), Francis Allison (Magdalena de Mar), Jesús Galvez (Jesús María) y Eduardo Bless (San Miguel).
Acevedo consideró que, al seguir el modelo de Santa Ana, “uno de los 12 primeros municipios en donde se instauró el ‘plan Bukele’”, el acuerdo “contribuirá a la integración social, económica y cultural de personas migrantes a través de intercambios culturales, académicos y comerciales”.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del Gobierno salvadoreño para combatir a las pandillas, se han militarizado dos municipios —en el centro y norte del país— y tres comunidades de San Salvador.
Durante la medida, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido catalogada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71.000 personas señaladas de ser pandilleros, así como otras 13.000, según Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Las organizaciones humanitarias, en tanto, dan cuenta de más de 5.400 “víctimas directas” de atropellos.
La semana pasada, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema, Javier Arévalo, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, plantearon la posibilidad de aplicar algunas de estas medidas.
Sin embargo, Boluarte subrayó que para impulsar la lucha contra el crimen y mejorar la seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha presentado al Legislativo un proyecto de ley para poder aprobar medidas con este fin.
”Estamos pidiendo 120 días de facultades legislativas al Congreso. Pido al Congreso que lo puedan poner ya en agenda para que podamos delinear las políticas frente a esta delincuencia para poder otorgar a la población peruana la seguridad, paz y tranquilidad”, indicó.
Bukele tiene el 68,4 % de intención de voto para las elecciones de 2024, en las que buscará su reelección a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional, según una encuesta del estudio del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC).
En Perú, en cambio, el 79 % de ciudadanos desaprueba la gestión de Boluarte, menos que el 82 % registrado en julio. Su rechazo es mayor en niveles socioeconómicos medios y bajos y en el ámbito rural, y, por el contrario, quienes aprueban su gestión se concentran en Lima, son de niveles altos, personas muy interesadas en política y quienes se definen como de derecha.
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