Robert López López asumió el cargo de director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) el pasado 18 de junio del 2022, en reemplazo de Amalia Moreno Vizcardo. Luego, durante el gobierno de Dina Boluarte, se concluye su designación el 27 de diciembre y hoy afronta una audiencia de prisión preventiva por el caso “Los Operadores de la Reconstrucción”, la cual fue convocada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para este lunes 28 de agosto, a las 17:30 horas.
De acuerdo a la Fiscalía, el exfuncionario llegó al Estado a propuesta del dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, para la presidencia del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Sin embargo, al no contar con los requisitos necesarios para el cargo, fue colocado en la Gerencia General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete.
Aunque el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) alertó de su falta de idoneidad, diez días después hubo un cambio de opinión y asumió la dirección ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). Cuatro meses más tarde llegó a la ARCC.
Durante su gestión, el exfuncionario fue cuestionado al conocerse que su esposa Margory Goicochea Suelpres fue contratada en tres entidades estatales: el Programa Agua Segura Para Lima y Callao (PASLC), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) e Indecopi, por 70 mil soles en total, de acuerdo a un informe del diario El Comercio.
Además, se le criticó por contratar a Sheyla Fernández, novia del sobrino del entonces presidente Pedro Castillo. A la universitaria que entonces cursaba el segundo ciclo de la carrera de Administración se le pagó 10 mil soles por apoyar en el ordenamiento, clasificación y digitalización de documentos por 120 días. Sin embargo, no es por estos hechos que se pide su prisión preventiva.
¿De qué se le acusa a Robert López López?
De acuerdo al testimonio del exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo, Robert López López “de manera concertada y coordinada con los demás miembros de la misma empresa criminal, habría cumplido el rol de dar viabilidad de los expedientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del director de intervenciones en el sector de Educación de la ARCC; para la autorización de las transferencias de partidas presupuestales del sector público para el Año Fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; específicamente para la Municipalidad Distrital de la Unión - Piura”.
“A cambio de ese apoyo, habría recibido sumas de dinero en proporción al valor de cada obra, favoreciendo así el provecho económico de la organización criminal, pues tendría una directiva expresa del expremier Aníbal Torres de hacer fondos de dinero para los problemas judiciales del expresidente; y, para el cobro de dinero se habría designado al investigado Mario Felipe Jair Espinoza Torres como asesor III de la Dirección Ejecutivo de la ARCC, con el propósito de concretar su actuar criminal”, menciona el acta al que accedió el programa Contracorriente.
Por este hecho se le investiga por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Los demás implicados en el caso son Mario Espinoza Vera, Francisco Jara Aguirre, Máximo Palacios Lazo, Joseph Lombardi Lizano y Jorge Bernal Barranzuela, para quienes también se solicita 36 meses de prisión preventiva.
Como se recuerda, Robert López López fue uno de los 12 detenidos el pasado 17 de agosto durante un megaoperativo realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
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