“Es un tema completamente distinto”: López Aliaga se retractó y ahora está en contra del ‘Plan Bukele’ en Perú

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, cambió de parecer sobre el ‘Plan Bukele’ como medida para combatir la delincuencia en el país que día a día incrementa y adolece a los peruanos.

En su última entrevista con Canal N, el burgomaestre consideró que nuestro país “tiene otra realidad completamente distinta”.

Es importante destacar que no solamente López Aliaga elogió el plan de Nayib Bukele y lo consideró una medida efectiva que debería ser implementada en el país, sino que también otras autoridades expresaron opiniones similares al respecto, como el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros alcaldes distritales de la capital.

Hace aproximadamente cuatro meses, el líder municipal de Lima había sugerido la implementación del plan mencionado por el presidente salvadoreño como respuesta a la ola de criminalidad en el Perú.

López Aliaga envió un oficio al ministro de Defensa para solicitar que se incluya a las Fuerzas Armadas en el patrullaje de la ciudad a fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

El alcalde indicó que la ciudad capital necesita la participación de fuerzas militares para poner fin a la actividad delictiva, especialmente en áreas donde la problemática de la inseguridad es más acentuada.

“Ponemos una o varias tanquetas en la noche, en sitios estratégicos, en diferentes sectores, zonas rojas, ya conocemos donde está el peligro. Voy a coordinar con el Ministerio de Defensa directamente”, expresó.

“El plan Bukele ha hecho un milagro en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar”, agregó aquella vez.

Se trata de una estrategia implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para abordar el problema de la delincuencia y la seguridad en el país. Fue inaugurado el 20 de junio de 2019 y se enfoca en tres áreas principales: control de centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y fortalecimiento de los grupos de seguridad.

El plan buscó abordar la comunicación y el mando desde las cárceles, ya que gran parte de las órdenes de homicidios y extorsiones provenían de allí. También se orienta a cortar el financiamiento de las pandillas, lo que incluye acciones para interrumpir la extorsión y los negocios ilícitos asociados. Además, de fortalecer la presencia y capacidad de las fuerzas de seguridad.

La medida se puso en marcha con la colaboración de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador en diversos municipios, especialmente en aquellos con altos índices de delincuencia. Se eligieron 12 municipios para ser los puntos iniciales de enfoque del plan.

Desde su implementación, ha habido una disminución en la actividad delincuencial y los homicidios según las declaraciones de las autoridades. La estrategia ha tenido varios componentes, como la transferencia de reos para prevenir delitos en las cárceles, la interrupción de las señales de comunicación en los centros penales y la planificación de fases posteriores para ampliar el alcance del plan a más municipios.

No obstante, la medida también ha sido criticada por su infracción a los derechos humanos. Varias organizaciones han denunciado que las acciones emprendidas por El Salvador han resultado en graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades.

Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos y hasta muertes. Aseguran que el plan ha criminalizado a personas en situación de pobreza por lo que piden que El Salvador revierta la medida.