Procuraduría del Poder Judicial impugnará fallo de hábeas corpus que favoreció a Vladimir Cerrón

Tras conocerse que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, fue beneficiado con un cuestionable fallo que suspende su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cometer actos de corrupción, desde el Poder Judicial (PJ) se pronunciaron.

A través de un comunicado se informó que la Procuraduría del PJ impugnará la sentencia dictada por el juez Jhon Paredes Salas, titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, que declaró fundada el hábeas corpus presentado por Cerrón.

“La resolución antes citada no es definitiva y será revisada en segunda instancia por una Sala Superior del referido distrito judicial”, se lee en el aviso del PJ.

Como es público, el magistrado Paredes decidió declarar la nulidad de dos sentencias vigentes contra Cerrón.

La primera es el auto de calificación -de fecha 4 de noviembre de 2020-, emitida en la casación n.° 2236-2020-Junín por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Y la segunda es la resolución n.° 47, de fecha 18 de octubre de 2019 (sentencia de vista), emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín.

“Se declara la suspensión de la efectividad de la pena dispuesta en la resolución n.° 15, de fecha 5 de agosto de 2019 (sentencia de primera instancia), hasta que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín decida lo que corresponda a su competencia”, se menciona.

Cerrón recibió cuatro años de prisión por cometer el presunto delito de negociación incompatible en el caso denominado Saneamiento La Oroya. Además, se le ordenó que pague una reparación civil por la suma de S/ 850 mil soles, que debía pagar de forma solidaria con los coprocesados Henry López Cantorín (otrora alcalde provincial de Huancayo) , Carlos Mayta Valdez, Juan Sulca Yauyo.

Según la tesis de la Fiscalía, el exgobernador regional de Junín y los demás procesados se habrían interesado ‘de manera directa’ e ‘indebida’ en la ampliación del plazo n.° 03 de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya, ‘con la finalidad de favorecer’ al consorcio Altiplano en la suma de 850 mil soles.

Por este asunto es que Cerrón no pudo participar en las pasadas elecciones generales por su partido. A pesar de que fue colocado como candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha del encarcelado mandatario Pedro Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no aceptar su postulación debido a la vigencia de la sentencia judicial que, de monento, quedó anulada.

El abogado Carlos Caro dijo que Cerrón puede postular a cualquier cargo público por la sentencia que salió a favor de él se ejecuta de manera inmediata.

“En el caso de cargos de elección popular la regla está prevista en la regulación del Jurado Nacional de Elecciones e impide que personas con condena de delito doloso puedan postular a cargos de elección popular. (...) En este momento sí podría postular a cargos de elección popular porque solamente tiene condena de primera instancia”, explicó.

Sin embargo, Cerrón no podría ocupar cargos de confianza en entidades públicas, ya que la Constitución indica que estos puestos no pueden otorgarse a personas con condena en primera instancia por delitos dolosos.

El letrado adelantó que el siguiente paso de la defensa legal del líder de Perú Libre será que su caso prescriba. Para ello usaría la Ley n°31751, aprobada en el Congreso, que recientemente favoreció a Alejandro Soto para evitar una condena que iba a recibir del Poder Judicial.