La violencia sexual que padecieron las mujeres durante los períodos más cruentos del conflicto armado interno estuvo principalmente perpetrado por quienes las debían proteger de la asonada terrorista que cercaba al país: los agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas. Hasta hoy, después de más de 30 años, muchas reclaman justicia y reparación que las dignifique en medio de su dolor.
Según una encuesta a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) preparado en noviembre del año pasado para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), el 75% de la población afirmó que hubo violencia sexual contra las mujeres por parte de soldados y subversivos.
Y es que este año se cumplen dos décadas de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el cual reveló graves violaciones a los derechos humanos como la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado interno.
“La violencia sexual fue una estrategia que sometió los cuerpos de las mujeres como armas de guerra de manera sistemática y generalizada, por lo que se consideran crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a estándares internacionales”, precisa Demus.
Según la CVR, más del 83% de casos de violencia sexual entre 1984 y 1990, fueron cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Por este motivo, el 56% de encuestados por el IEP reconoce esta problemática y le atribuye responsabilidad de la violencia sexual a los agentes de las fuerzas del orden.
Acerca del caso Manta
Uno de los casos de violencia sexual perpetrada contra mujeres rurales es el Caso Manta, donde trece exmilitares del Ejército peruano fueron denunciados por nueve mujeres del distrito de Manta en Huancavelica.
Esta acusación fue realizada hace más de dieciséis años, pero aún continúa su curso legal a través del segundo juicio oral con más de cuatro años en desarrollo hasta la fecha. Según la defensa a cargo de Demus, se espera que las audiencias vuelvan a ser públicas, así como lograr sentencia justa y reparadora a fines de este año.
“Ese 75% no es un dato menor, estamos hablando de que 3 de cada 4 peruanos reconoce que hubo violencia sexual y el Caso Manta está incluido. Por eso es emblemático, por la gravedad del delito que se juzga, porque está en juego el abuso de poder de las autoridades sobre las mujeres en tiempos de conflicto y la reafirmación del derecho a la verdad en su doble dimensión: individual, que comprende a las víctimas directas; pero también en una dimensión colectiva, en la que se engloba a toda la sociedad, ya que tenemos derecho a conocer la verdad histórica de nuestro país, las circunstancias y el porqué de estas atrocidades.” señala Víctor Álvarez, abogado del Caso Manta.
El Caso Manta es el tercer juicio de Latinoamérica que aborda la violencia sexual durante conflicto armado interno.
Cynthia Silva, abogada y directora de Demus, indica que pese a los obstáculos y hostilidades en el proceso judicial, la decisión de las mujeres de Manta por mantenerse firmes en su lucha constituye un aporte trascendental para que la historia del conflicto armado se muestre más completa.
“Su decisión implica también que sean reconocidas e incluidas como actoras clave para el proceso de restablecimiento de una verdadera democracia. Esperamos que la sentencia constituya un hito histórico y que salde, en alguna medida, las deudas del sistema de justicia en el derecho a la verdad de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, de la ciudadanía en general y, en particular, a las mujeres agraviadas. Que el acceso a justicia y reparaciones integrales esté basado en un trato digno, libre de revictimización y discriminaciones, pero, sobre todo, para que no vuelva a suceder lo ocurrido en Manta”, manifiesta Silva.
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