La Corte Suprema del Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito contra el excontralor general de la República Edgar Alarcón, quien presentó un desbalance de más de cuatro millones de soles entre los años 2007 y 2017. De acuerdo a la tesis fiscal, el desequilibrio proviene de la compra y venta irregular de vehículos sobrevalorados.
Por estos delitos, el Ministerio Público solicita 15 años de pena privativa de la libertad y su inhabilitación de la función pública por 20 años; así como una pena de multa por un total de S/202.121,50, y el pago de una reparación civil de cinco millones 522 mil 243.72 soles.
De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario y extitular del organismo presenta un incremento patrimonial que no se justifica con los ingresos percibidos como funcionario de la Contraloría General de la República.
Ahora, con la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley y trasladada a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, esta instancia deberá fijar en los próximos días la fecha y hora para el inicio del juicio oral.
¿Cuáles son los presuntos hechos ilícitos que se le atribuyen?
Uno de los hechos ilícitos que se le atribuye es la compra-venta de 76 vehículos a más de 54 personas, los cuales, de acuerdo a las investigaciones, vendía “muchas veces al doble o triple del precio de adquisición en un periodo menor a tres meses”. Para ejercer estas operaciones, el excontralor habría utilizado a uno de menores sus hijos para adquirir 38 autos de las marcas BMW, JEEP, AUDI, entre otros.
Asimismo, se señala en el texto fiscal que Alarcón obtuvo ingresos legítimos por un total de 10 millones 878.718,15 soles por sus labores en la Contraloría, pese a que sus egresos alcanzan los 12 millones, “estableciéndose en consecuencia un desbalance patrimonial (saldo negativo) por la suma de S/ 1, 664,041.03 soles correspondiente al periodo acumulado que va del 1 de enero de 2007 al 4 de julio de 2017″.
“A dicho momento se debe incrementar la suma de S/2,358,202.69 soles, producto de depósitos bancarios de origen y procedencia desconocida, por tanto, el importe del incremento patrimonial injustificado ascendería a S/4,022,243.72 soles”, precisa el documento. Además del desbalance, el Poder Judicial admitió testimonios de personas involucradas, reportes periciales y registros de declaraciones.
¿Cómo se originó este caso?
Como se recuerda, el hecho se originó cuando la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formalizó una investigación en contra de Alarcón el pasado 26 de julio del 2019, la cual presentó al año siguiente ante el Congreso de la República y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la declaró procedente.
El informe fue ratificado por la Comisión Permanente y expuesto ante el Pleno del Parlamento el pasado 25 de mayo del 2022. Sin embargo, con 47 votos a favor, 35 abstenciones y cero en contra, la denuncia constitucional fue desestimada y archivada.
“Peculado doloso significa que yo me he apropiado de los recursos del Estado, entonces en el informe [de Fiscalía] no se demuestra ello. Simplemente, de manera subjetiva, se indica que como yo he visado para tener conocimiento de estos documentos concluye que yo me habría apropiado de ese dinero. Y no hay ningún sustento de apropiación. [...] Mis manos y mi conciencia están limpias, mi proceder fue correcto”, manifestó Alarcón luego de conocer la decisión parlamentaria.
En ese entonces, indicó que el Congreso “está haciendo justicia”, y que ha sido “muy objetivo” revisado la información que él alcanzó al Parlamento. Agregó que el expresidente Martín Vizcarra actúa en contubernio con la exfiscal al presentar dicha acusación en su contra.
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