Celia Edith Ramos Durand era una madre de tres niñas y falleció a sus 31 años luego de ser víctima de una esterilización a la que fue sometida sin su consentimiento como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). Recientemente su caso fue enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que sus familiares puedan obtener justicia y reparación por parte del Estado peruano.
Ramos vivía en el caserío La Legua, en Catacaos, Piura, donde operaba el programa que promovía la anticoncepción quirúrgica bajo hostigamiento, según los testimonios de las víctimas. El 3 de julio de 1997, Ramos Durand fue sometida a esta intervención y experimentó complicaciones médicas que terminaron con su fallecimiento.
Este jueves 24 de agosto, las organizaciones no gubernamentales Estudio para la Defensa de la Mujer (Demus), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), como copeticionarias de la denuncia presentaron las demandas presentadas ante la Corte IDH y explicaron la urgencia de que más de 3000 víctimas denunciantes obtengan justicia.
Los múltiples archivamientos a los que se refiere Silva son los siguientes. En 2002, un congresista remitió el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, pero en mayo de 2009 fue archivado debido a la prescripción del delito. Después, en octubre de 2011, la Fiscalía de la Nación reabrió la investigación contra exministros de Salud y otros funcionarios, ampliándola para incluir a Alberto Fujimori por considerar que los delitos constituían graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Después de diversas instancias judiciales, en abril de 2018, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional de Lima ordenó formalizar la denuncia contra Alberto Fujimori y otros como determinadores de los delitos de lesiones graves seguidas de muerte, incluyendo el caso de Celia Edith Ramos Durand.
Así, es un largo camino que hoy ve nuevas luces con el juicio al país por parte de la Corte Interamericana. Además, la representación legal pide la creación de una fiscalía especializada que pueda ver específicamente los miles de casos de esterilizaciones forzadas.
“Una de las demandas no escuchadas hasta hoy es que no se ha creado una fiscalía ni un juzgado ad hoc para este caso. Cómo se puede hacer una investigación judicial para más de 1200 denuncuiantes sin un juzgado ad hoc”, dijo María Isabel Cedano, abogada representante de las víctimas.
En el informe enviado por la CIDH a la Corte concluyó que el programa de esterilizaciones establecía metas discriminatorias dirigidas exclusivamente a mujeres, lo cual reforzaba estereotipos de género y afectaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En cuanto al consentimiento informado, la CIDH determinó que, aunque Ramos Durand hubiese firmado algún documento previo, no se cumplieron los requisitos y condiciones necesarias para que su consentimiento fuera libre e informado. El personal de salud la visitó en numerosas ocasiones, persuadiéndola a pesar de que ella no deseaba la intervención quirúrgica. Además, no se le informó adecuadamente sobre otros métodos anticonceptivos y se obtuvo la autorización menos de 48 horas antes de la operación.
Además, determinó que el centro de atención médica donde se realizó la esterilización no contaba con los recursos necesarios, lo que resultó en una falta de atención adecuada durante la emergencia médica que surgió durante la intervención.
También señaló que, después de 24 años de los hechos, no se ha llevado a cabo una investigación adecuada en un plazo razonable, lo cual afecta el acceso a la justicia de las víctimas, en especial de sus hijas, quienes sufrieron graves daños emocionales por la pérdida de la madre cuando eran pequeñas.
La CIDH admitió el expediente en el 2019, once años después de que Demus, en representación de las madres y las tres hijas de Celia Ramos.
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