Abogado de Dina Boluarte sostiene que las imputaciones de genocidio “son de imposible realización”

Hace dos días se conoció que la defensa legal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó un pedido a la Fiscalía de la Nación para que archive la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. Al respecto, habría una poderosa razón para sustentar el pedido.

Joseph Campos, abogado de Boluarte Zegarra, señaló en diálogo con el programa ‘2023′ que las imputaciones hechas por el Ministerio Público “son de imposible realización”. Además, agregó que hay declaraciones de testigos que corroborarían que la mandataria no dio órdenes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que ejecuten una violenta represión contra los manifestantes.

“Las imputaciones son de imposible realización, en particular el genocidio, y porque las principales declaraciones en esta investigación, a la cual nos hemos sometido voluntariamente, han arrojado que todos han establecido que no han recibo ningún tipo de instrucciones que resulte en la situación que hemos visto”, señaló al espacio de Panamericana Televisión.

El letrado agregó que las manifestaciones contra Boluarte Zegarra fueron “violentas” y tuvo un trasnfondo político que no es más que separarla del cargo presidencial. "

“Lo que hubo fueron manifestaciones violentas con objetivos políticos que, en los Estados constitucionales, para tenerlos hay que hacer política. Si yo quiero acortar el mandato, pues hay que hacer política Si yo quiero cerrar el Congreso, hay que hacer política y someterme a lo que dice la Constitución. Lo que no puedes hacer es quemar comisarías, meter granadas, tomar aeropuertos y cerrar carreteras”, anotó.

De otro lado, Campos descartó que el caso de Boluarte sea equiparable con el del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue procesado como autor mediato en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las cuales cumple 25 años de prisión en el penal de Barbadillo.

“Ese paralelismo es absurdo por una razón puntual. La autoría mediata se establece a través de una circunstancia en la que Alberto Fujimori sí tuvo en los noventa y que, claramente, no existe en este momento. Cuando se atribuye a [Alberto] Fujimori el control de las Fuerzas Armadas, no solamente era porque efectivamente ocurría. En el proyecto autoritario fujimorista, él tenía el control pleno de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es lo que dice la resolución, pero también se menciona que contaba con un equipo paramilitar que cumplía sus órdenes. Entonces, esas dos cuestiones y el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, justificaba un control de las FFAA”, agregó.

El constitucionalista refirió que “lo único que los presidentes deben tener para ser jefes supremos son los votos”. “Puede ser médico, ingeniero, analfabeto u abogado. En cambio, para ser jefe del Comando Conjunto, tuvo que haber hecho escuela militar o policial. Haber sido subteniente hasta general divisionario de acuerdo a sus competencias, inteligencias y todo eso que lo lleva a ser competente para desarrollar una estrategía y un desarrollo táctico militar o policial, cosa que se cumple con los políticos. Los políticos lo que hacen es el mando, pues es lo que tienen que hacer”, añadió.

Mientras la defensa legal de Boluarte trata de que el caso sea mandado al archivo, la Procuradoría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que hayan más testigos en la investigación que se le sigue a la mandataria.

Según el diario La República, la entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján ingresó este pedido el 1 de agosto pasado. En el documento hay una lista de 40 personas, entre civiles y funcionarios públicos, para que acudan a la sede del Ministerio Público.

El paso de la Procuraduría se da debido a la actitud que Boluarte Zegarra tuvo durante el último interrogatorio, del 6 de junio pasado, ante las preguntas que esta institución y los abogados de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales le hicieron. En esa ocasión, la mandataria guardó silencio.

Así, los posibles citados están excolaboradores del Despacho Presidencial, integrantes actuales y los que fueron parte del gabinete ministerial de Alberto Otárola, altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF AA), y civiles.