La Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que hayan más testigos en la investigación que se le sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. A ella se le imputa los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Según el diario La República, la entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján ingresó este pedido el 1 de agosto pasado. En el documento hay una lista de 40 personas, entre civiles y funcionarios públicos, para que acudan a la sede del Ministerio Público.
El paso de la Procuraduría se da debido a la actitud que Boluarte Zegarra tuvo durante el último interrogatorio, del 6 de junio pasado, ante las preguntas que esta institución y los abogados de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales le hicieron. En esa ocasión, la mandataria guardó silencio a pesar de que su abogado Joseph Campos dijo que iba a colaborar con las indagaciones.
A raíz de esta posición es que se trata de conocer los descargos de las personas que se reunieron con la presidenta en Palacio de Gobierno en esos días complicados de crisis política que casi terminan con su gestión de manera anticipada.
Así, los posibles citados están excolaboradores del Despacho Presidencial, integrantes actuales y los que fueron parte del gabinete ministerial de Alberto Otárola, altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF AA), y civiles.
Raúl Molina, quien se desempeñó como jefe del gabinete técnico de la Presidencia, aparece en la lista. El 2 de febrero pasado renunció a su cargo tras mostrarse en desacuerdo con la estrategia agresiva que el Ejecutivo había tomado para reprimir a los protestantes contra Dina Boluarte.
Entre los ministros llamados declarar también se encuentran la canciller Ana Cecilia Gervasi, Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones), Nelly Paredes (Desarrollo Agrario y Riego), Alex Contreras (Economía) y Julio Dermatini (Desarrollo e Inclusión Social).
Además, se incluye Rosa Gutiérrez, Óscar Becerra y José Tello, quienes ocuparon los sectores de Salud, Educación y Justicia, respectivamente.
En la relación aparecen Jorge Angulo Tejada, comandante general de la PNP; Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la región policial Lima que ahora lidera la Dirección de Orden y Seguridad; Juan Maco Castro, jefe de ayudantía de la PNP; Johana Ibarra Silvestre, capitán PNP; Vicente Álvarez, jefe de Estado Mayor de la PNP; Antonio Cosco, asesor de Inspectoría de la PNP.
Igualmente servidores del Ministerio del Interior como Manuel Ríos, director de Orden Público, y Manuel Rumiche, del área de Gestión de Conflictos. Los exjefes de la DINI, Wilson Barrantes y Juan Carlos Liendo, y Roger Arista, que lidera esta institución en la actualidad.
Por los militares están David Ojeda Parra, excomandante general del Ejército del Perú (EP); Víctor Huertas, general de brigada EP; Alfonso Artadi, comandante general de la Fuerza Aérea; y Rubén Layseca, jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Algunas autoridades subnacionales y funcionarios son requeridas como Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho; Nick Aponte Quispe, alcalde de San Antonio de Huarochirí; sus colaboradores Fredy Bohórquez y Andrés Gonzales, Luis Ueno, alcalde de Barranca.
Por los civiles deberían ser llamados el excongresista izquierdista Richard Arce, el abogado constitucionalista Luciano López, Rivin Yangali y Lucía Yangali Pastor.
Archivar investigación
Mientras la Procuraduría busca que más personas puedan ayudar a conocer el grado de responsabilidad que el Gobierno tuvo en las protestas, la defensa legal de la presidenta Boluarte presentó un escrito ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que se archive la investigación.
“No hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto de algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos materia de investigación, por cuanto, conforme a decisión constitucional de su alta investidura, con acuerdo del Consejo de Ministros, a través de los decretos supremos antes descritos, las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional”, reza el documento presentado por el abogado Joseph Campos.
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