La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presentó este miércoles una moción de orden del día que plantea remover a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a raíz de un “pronunciamiento a favor” de la exfiscal general Zoraida Ávalos, descrito en su oficio como una “injerencia y desesperada intromisión en las decisiones del Congreso”.
“Las reiteradas faltas [...] demuestran que la Junta ha perdido legitimidad, transparencia e imparcialidad en sus actos. Su permanencia solo perjudica la confianza en la justicia peruana”, señaló la diputada en un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter.
Citó, además, una denuncia constitucional por supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema para brindar un espaldarazo a la antecesora de Benavides, y una eventual vulneración de la Carta Magna por mantener a una integrante que habría superado el límite de edad para el cargo (75 años).
“Los miembros de la JNJ habrían desnaturalizado, una vez más, la institucionalidad de dicho organismo [...] al ejercer una presión sobre los jueces de la Corte Suprema a quienes deben de nombrar, ratificar, fiscalizar o destituir, para que emitan un pronunciamiento en favor de una ex fiscal constitucionalmente inhabilitada bajo una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso”, se lee en el oficio.
La diputada, finalmente, acusó a la exjueza superior Inés Tello, miembro de la JNJ, de filtrar un documento sobre nueva investigación contra la actual fiscal de la Nación.
En mayo pasado, de igual modo, había denunciado a todos los miembros por cargos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Mediante un comunicado, el organismo replicó que los señalamientos se basan en “afirmaciones falsas de una fuente no identificada, que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad”.
“La JNJ llama la atención sobre hechos que no parecen ser fortuitos, sino responder a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y, con ello, la institucionalidad del país”, remarcó en la misiva.
Jorge Montoya (Renovación Popular) también propuso que el tribunal sea destituido e inhabilitado por diez años al permitir que Inés Tello, quien lidera tres investigaciones contra Benavides, se mantenga como miembro titular, pese a que supera los “75 años”.
Las pesquisas están asociadas a presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que sigue la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’; y al supuesto uso de su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.