Gobierno de Perú prorroga estado de emergencia en zonas fronterizas para controlar crimen transnacional

Con el objetivo de ponerle límites a las organizaciones criminales transnacionales, las cuales vienen operando y sembrando el terror en varios puntos del Perú, el gobierno de Dina Boluarte oficializó la prorrogación del estado de emergencia en las zonas fronterizas.

A través del Decreto Supremo 098-2023-PCM publicado en el Boletín del diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo dispuso la vigencia de la medida durante 30 días calendarios para diez ciudades de siete provincias.

Se trata de Zarumilla (Tumbes); Sullana, Ayabaca y Huancabamba (Piura); San Ignacio (Cajamarca); Condorcanqui (Amazonas); Maynas (Loreto); Tahuamanu (Madre de Dios); Tarata y Tacna (Tacna).

Hace unos días, el ministro del Interior, Vicente Romero, había anunciado sobre esta medida para en las zonas fronterizas del Perú por donde ingresan y salen los criminales de distintas nacionalidades, incluyendo a peruanos.

“La prórroga del estado de emergencia a nivel de la frontera de nuestro país, para poder mejorar y controlar el crimen transnacional que se está dando en estos últimos meses”, declaró.

En tal sentido, el Gobierno ha establecido que se de en cumplimiento algunas medidas extraordinarias y queden sin efecto otras, con el fin de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía de la mano con la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las calles.

La normativa atribuye la responsabilidad del mantenimiento del orden interno con el apoyo y respaldo de las Fuerzas Armadas. En este marco, es la Policía la que identifica las áreas que demandan esta colaboración.

Asimismo, durante el estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Igualmente, la participación de la PNP y las FF. AA. se lleva a cabo siguiendo las directrices establecidas en los decretos legislativos que norman el empleo de la fuerza por ambas instituciones, así como en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.

Establece también que, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se cumplan según la normativa, las acciones de control y vigilancia en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de Perú y de los países vecinos, según corresponda.

La misiva lleva las firmas de la Presidenta de la República, Dina Boluarte; el titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; y los ministros de Defensa, Jorge Chávez; de Justicia, Daniel Maurate; y del Interior, Vicente Romero.

Durante la última conferencia del ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que mañana sábado 25 de agosto se reunirá con su par de Ecuador, Juan Zapata, para finiquitar algunas medidas que se llevarán a cabo en la frontera de Tumbes.

“Sin embargo también, aprovechando esta coyuntura, el día 25 de este mes tenemos una reunión en Tumbes con el ministro del Interior de Ecuador justamente para poder afinar algunas estrategias que ya hemos venido trabajando a nivel de Gabinete”, sostuvo.

Además, el titular del Mininter señaló que se procederá a la contratación de 200 investigadores dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de fortalecer el equipo dedicado a abordar los casos de extorsión en la Dirección de Investigación Criminal de la entidad (Dirincri).

“El tercer tema es para anunciar la contratación de 200 investigadores de la Policía Nacional y puedan reforzar la unidad de extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal para poder mejorar justamente la investigación y ampliarla, entendiendo que tenemos en estos últimos meses un alto índice de extorsiones en el país”, puntualizó.