El Ministerio Público ha incluido a más personas en la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Aparte de la expremier Betssy Chávez, su asesor Aníbal Torres, y los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior) y Willy Huerta (Interior), altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrán que responder a la justicia.
Según el diario El Comercio, el 10 de agosto pasado se abrió una indagación contra el general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. A Lozada se le imputa cometer la comisión del presunto delito de conspiración en su calidad de coautor, mientras que a Venero e Infanzón se les acusa también por rebelión.
La Fiscalía tendrá un plazo de ocho meses para profundizar qué roles tuvieron los citados policías durante el día en que Castillo Terrones trató de cerrar ilegalmente el Congreso de la República, donde se iba a realizar un tercer proceso de vacancia, y capturar otras instituciones públicas como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Hasta el momento se tienen una serie de testimonios. En el caso de Lozada, se menciona que el entonces jefe de la región policial de Lima habría tratado de impedir que los parlamentarios ingresen al Legislativo tras el mensaje golpista de Castillo por orden del exministro Huerta. La acusación viene del teniente Infanzón.
Adicionalmente, el oficial PNP Edwar Roldán Michue dijo en junio pasado ante los fiscales que el comandante Jesús Venero, entonces jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP, “dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso de la República”.
Incluso, las parlamentarias Adriana Tudela (Avanza País) y Vivian Olivos (Fuerza Popular) dieron cuenta que no se les permitió acceder a las instalaciones congresales.
Amplían investigación
Hay que recordar que el Poder Judicial acogió hace unos días aceptar el pedido de la Fiscalía para que haya una ampliación de ocho meses en la investigación preparatoria contra el expresidente Castillo por el fallido autogolpe de Estado.
En ese lapso de tiempo se desarrollarán una serie de diligencias pendientes como la toma de declaraciones de 19 personas involucradas en el caso, que abarcan desde autoridades militares y policiales hasta figuras civiles. También se llevarán a cabo peritajes técnicos, el proceso de apertura de las evidencias incautadas y un análisis exhaustivo de la información obtenida a través de la interceptación de comunicaciones.
El fiscal supremo Uriel Terán Dianderas presentó la solicitud ante el magistrado Juan Carlos Checkley, quien otorgó la prórroga requerida con el fin de seguir alegando y sustentando material importante, en este caso que involucra seriamente al exmandatario, a la expremier Betssy Chávez, su asesor Aníbal Torres, y los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior) y Willy Huerta (Interior).
“… Frente a la complejidad de la investigación y las circunstancias que evidenciaron una especial dificultad para culminarla en el plazo originalmente establecido, no se cuenta con otra herramienta jurídica más que la prórroga del plazo por un período adecuado en atención a las diligencias pendientes de realizar”, se lee en la resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.
Cabe precisar que los abogados de Castillo han tratado de revocar la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado. Sin embargo, no han tenido éxito alguno. El último recurso rechazado fue una tutela de derechos el 27 de julio pasado. Tras ello, la justicia dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exmandatario y otros 12 personajes involucrados desde el 01 hasta el 08 de diciembre del 2022.