La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó a la Fiscalía de la Nación archivar la investigación en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en el marco de las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
A través de un escrito, su representante legal, el abogado Joseph Campos, mencionó que “no hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto de algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos materia de investigación, por cuanto, conforme a decisión constitucional de su alta investidura, con acuerdo del Consejo de Ministros, a través de los decretos supremos antes descritos, las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional”.
En diálogo con RPP, el abogado de la mandataria consideró que la solicitud parte de que “no tiene sentido [la investigación] en el escenario que se provocó por otros”, además que en las diligencias “se ha descartado que haya existido alguna orden por parte de la mandataria respecto a las muertes”.
“Lo que hemos visto nosotros, y además calificado por la propia Comisión interamericana de Derechos Humanos, fue que ocurrieron manifestaciones violentas que de ninguna manera son susceptibles de ser calificadas como protestas. Lo que ha ocurrido son circunstancias lamentables que se están investigando, pero que no pueden escalar de manera directa”, explicó.
Asimismo, mencionó que, durante la convocatoria a estas manifestaciones, la jefa de Estado hizo llamados de calma a través de diversos medios de comunicación con el fin de restablecer el orden interno, pero “aquí hubo alguien que mantuvo la zozobra y la violencia, y que provocó un contexto que tendrá que ser investigado”.
“Hay víctimas, todas se lamentan, en varios sitios, niños que han muerto producto de esta insana violencia que vivimos y también el suboficial (José Luis) Soncco, que fue lapidado y quemado (en Puno). Eso es parte de la evaluación para entender que el genocidio es absolutamente imposible”, agregó.
Sobre la justicia para los deudos, indicó que no están en contra de que se investiguen estos hechos, sino que no se impute los delitos sin la calificación necesaria porque ello representa “un deterioro de la autoridad democrática, que es devastador para la sociedad democrática”.
“Cuando uno establece esas imputaciones le da espacio y alimento a los discursos autoritarios que quisieran que esto se mantenga y ciertamente lo que vimos no fueron protestas”, expuso.
PNP contradice versión del Ejecutivo
De acuerdo a un documento al que accedió Al Estilo Juliana, el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Jhon Torres Yataco, declaró que la autorización del uso de armas AKM venían por disposición “de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”.
“Las órdenes fueron dadas dentro del aeropuerto [de Juliaca] indicando que cada quien ya conocía su función, a lo que se refería era que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lancen gas y los de [armas] AKM formaban aparte y le indicaba que si entra una persona ellos tienen la autorización de su Comando y de la Presidencia para hacer uso de armas de fuego”, detalló.
Cabe mencionar que ello fue negado por la jefa de Estado, quien mencionó que “el señor Torres Yataco tendrá que precisar al respecto, porque como presidenta de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales no me dirijo de manera directa a los comandos. Y son ellos quienes disponen de las operaciones conforme a sus decretos legislativos que reglamentan su función. De ninguna manera me dirijo hacia ellos de manera personal”.
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