La Contraloría General de la República presentó ayer el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) relacionado al año pasado. Este estudio nace a partir de la fiscalización que realizaron a 2815 entidades públicas, de las cuales 367 corresponden al Gobierno nacional, 558 al Gobierno regional y 1980 al Gobierno local.
“El INCO 2022 es resultado de lo que estamos haciendo en análisis de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, esto no es lo que la gente cree o lo que las encuestas dicen, se trata de data dura y pura de los sistemas de administración en el Estado. Así es como deberíamos empezar a enfocar, de una manera más objetiva, los problemas de corrupción e inconducta funcional en el Perú”, dijo el contralor Nelson Shack.
Entre las principales conclusiones que expuso es que 421 entidades del Estado tienen niveles por encima de los 50 puntos, lo que significa un nivel medio alto de corrupción. De otro lado, agregó que hay diez instituciones donde se observa este problema en mayor medida.
Según Shack, en la lista están los gobiernos regionales de Piura, Junín, Puno, Loreto y Tumbes. A ellos se les suma el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), que está bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
De igual manera, agregó que las diez principales provincias donde se ven una mayor presencia de problemas de corrupción son Maynas, Huancayo, Piura, Huaraz, Puno, Callao, Mariscal Nieto, Moyobamba, Chachapoyas y Tumbes.
Obras a dedo y más problemas
Por otro lado, el contralor general señaló que a lo largo del 2022 se entregaron más de 76 mil obras públicas en todo el país sin proceso de montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributaria (UIT).
“Tenemos 76 408 casos de estos detectados en el año 2022 y que han movido más S/ 9 250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles las órdenes de servicio sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, aseguró el funcionario.
Otro de los hallazgos que encontraron es que también hubo la contratación de 8.441 consultores, donde se gastó más de S/ 123 millones, pero en más del 90% del tiempo de realización de las consultorías estaban fuera del país.
Shack también detalló que hay cerca de 600 entidades que tiene problemas como proyectos caducos y abandonados, contrataciones que son materia de impedimentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, presuntas irregularidades en la gestión de planillas, entre otros.
“Es necesario fortalecer sustancialmente las capacidades de sanción en el Estado, no solo desde la perspectiva del ejercicio sancionador de la Contraloría, sino también los sistemas disciplinarios internos de las entidades y del sistema de justicia. Si no hay una sanción efectiva, no hay una lucha efectiva contra la corrupción”, refirió.
El funcionario añadió que en los próximos dos meses también dará a conocer los resultados del Índice de Riesgos de Inversión (IRI) de 194 mil proyectos que han sido considerados como viables para que salgan adelante en los próximos años. Indicó que dispondrá de toda la ciudadanía para que conozcan a los contratistas y supervisores.
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