‘Plan Bukele’: ¿por qué no se podría aplicar esta estrategia para combatir la delincuencia en Perú?

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, ha despertado una ola de críticas luego de que propusiera tomar como referencia el ‘plan Bukele’ a fin de diseñar una estrategia de lucha para acabar con la delincuencia en Perú. Se trata de un régimen de excepción que suspende ciertos derechos y puede exponer a los ciudadanos a la vulneración de sus derechos. Sin embargo, este no sería adaptable en el país.

Antes de que Nayib Bukele llegue a la presidencia, El Salvador era considerado el país más violento a nivel mundial, con tasas de homicidio escalando hasta los 105 por cada 100 mil habitantes. Los casos de asesinato eran desafortunadamente comunes en cada rincón del país.

En un lapso de cuatro años, las estadísticas de homicidios registraron una notable disminución, pasando de 2 mil 390 a 496 por año. No obstante, este cambio en las cifras vino acompañado de la controversia: más de 70 mil ciudadanos fueron privados de su libertad y confinados en instalaciones penitenciarias, todo bajo la premisa de un estado de excepción que permitía tales medidas sin la necesidad de una orden judicial. Esta situación generó un debate sobre las implicaciones en materia de derechos humanos en el país.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, mencionó que desde que se instaló dicho régimen en el año 2019 se han detenido a 71 mil 776 personas. Para esto, el gobierno tuvo que construir ‘mega cárceles’ que pudieran albergar a toda la población que sería recluida, aunque muchos de ellos no estaban vinculados directamente con un hecho delictivo.

La suspensión de ciertos derechos, como a la asociación y defensa, permite que los efectivos policiales del país puedan intervenir sin orden judicial a las personas, lo que facilita el proceso de detención y el número de presos aumenta. Sin embargo, la realidad de Perú es otra y es completamente distinta.

De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las cárceles en Perú están sobrepobladas en un 118%. La población detenida es más del doble de su capacidad, pues alberga a 89 mil 464 personas hasta mediados del año anterior. Además, se ha registrado un hacinamiento del 98%.

De los 68 establecimientos penitenciarios que hay en el país, 50 de ellas están hacinadas, pues su sobrepoblación excede el 20%, mientras que los penales ubicados en el centro del país tienen mayor incidencia de hacinamiento, ya que registran 181%. A estas le sigue el sur de Perú, que tiene un 177% de hacinamiento.

De acuerdo al politólogo Alonso Cárdenas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), el ‘plan Bukele’ no es aplicable en el país porque las cárceles peruanas no podrían aguantar la alta demanda de reos. Además, consideró que la gestión pública en el país está tan deteriorada que no podría impulsar la creación de nuevos establecimientos penitenciarios a tiempo.

“Si uno quiere lanzar el ‘plan Bukele’ se necesita capacidad de gestión para construir cárceles grandes, pero en el Perú la capacidad de gestión está por los sueldos. El Estado peruano es totalmente incapaz de construir algo similar por la corrupción, por el burocratismo y todos los factores que ya conocemos”, explicó a Infobae Perú.

Los distintos departamentos del país son quienes más padecen de la sobrepoblación en los penales. Por ejemplo, la situación del establecimiento penitenciario de Chanchamayo es preocupante. El penal tiene una capacidad para albergar a 120 personas, pero tiene a 743 en sus instalaciones.

De igual manera, en Huancavelica la sobrepoblación supera el 353% de la capacidad total. Esta cárcel tiene 272 presos, pese a que está diseñado para albergar solo a 60 personas.

Una situación similar ocurre con el penal de Huancayo, que tiene una capacidad para 680 reos, pero tiene en sus instalaciones a 2 mil 63 internos hasta mediados de 2022. Es decir, registra el 203% de su población.

Luego de que el presidente del Poder Judicial se mostrara dispuesto a tomar como referencia el ‘Plan Bukele’, una serie de autoridades se pronunciaron a favor de que esta medida sea aplicada en Perú. Por ejemplo, el alcalde del distrito limeño de Los Olivos, Felipe Castillo, afirmó que está de acuerdo con establecer esta iniciativa en su jurisdicción, pues este tiene altos índices de criminalidad.

El titular de la municipalidad del Callao, Pedro Spadaro, también se unió a esta opinión. “Salvador hoy es un ejemplo para el mundo y por supuesto para los peruanos y además los chalacos”, mencionó en una reunión.

En el caso del alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, el funcionario resaltó los resultados del plan del presidente de El Salvador. “Al llegar a El Salvador conversaba con el alcalde Spadaro. Nos hemos quedado chicos, nos hemos quedado pequeños al ver las grandes experiencias que ustedes han venido realizando”, mencionó.