Los menores de edad son uno de los grupos etáreos más vulnerables a padecer de violencia. El debería ser un espacio seguro para ellos, pero no siempre es así. En los últimos diez años se han registrado más de 6 mil casos de violencia sexual a escolares de parte del personal del instituto educativo. Por este motivo, el Ministerio de Educación (Minedu) ha preparado un proyecto de ley para autorizar la publicación de la lista de profesores denunciados por violación sexual.
En el 2021, una adolescente de 16 años denunció que su profesor de colegio abusó sexualmente de ella. El sujeto habría ingresado a su vivienda cuando su familia no se encontraba. Pese a esta grave acusación, el colegio Manuel Flores Calvo, de Tacna, le permitió el ingreso bajo el argumento de que el colegio era grande y era “poco probable” que puedan encontrarse en las instalaciones.
Lamentablemente, esta es una situación que se repite a lo largo del país. A mediados de año, Salud con Lupa informó que en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, los profesores acusados de violencia sexual no son separados de las instituciones educativas, solo son trasladados a otros establecimientos.
De acuerdo al medio, desde el año 2012 la provincia ha recibido 457 denuncias de violación u hostigamiento sexual de parte de docentes, pero solo 21 de ellos fueron destituidos.
En medio de los altos índices de violencia contra los menores, la titular del Ministerio de Educación, Magnet Márquez, anunció que la cartera tiene listo un proyecto de ley que presentarán para publicar los nombres de los profesores sentenciados por violación sexual.
“Los docentes que han sido sentenciados por violación no pueden estar en las aulas y nosotros consideramos que la relación de esos docentes condenados por abusos sexuales u otros delitos graves tiene que ser pública”, destacó.
En la lista de profesores sentenciados también se contempla los delitos de terrorismo y otros delitos graves. La medida tiene como objetivo modificar la Ley N°29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.
La normativa que regula el funcionamiento del Registro de Condenados establece que el acceso a dicha información está limitado y solo puede ser compartida con entidades del Estado previa solicitud. La gestión de los datos contenidos en este registro recae completamente en la responsabilidad de estas entidades.
Por otro lado, la Ley de Protección de Datos Personales enfatiza que esta información confidencial solo debe ser accesible para las autoridades con la competencia legal correspondiente.
Anteriormente, la titular mencionó que esta iniciativa permite a los padres de familia que sean conscientes de quiénes son los docentes que les enseñarán a los menores no solo en una institución educativa, sino también de forma particular.
“Debemos defender con firmeza los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes y actuar de manera resuelta para que no se repitan hechos repudiables en los colegios. No podemos aceptar que se mantenga en reserva la identidad de personas que han malogrado la vida de niños inocentes y que tienen posibilidades de llegar a escuelas privadas o incluso dar clases particulares”, dijo.
Más de mil denuncias de violación sexual
El Ministerio de Educación (Minedu) ha registrado más de mil denuncias por violación sexual a escolares de parte de personal de establecimientos educativos en los últimos 10 años. Las cifras más altas fueron atendidas en el año 2018 y 2019, con un total de 1036 y 1663 denuncias en el portal SíSeVe.
Desde el año 2013, el portal web ha recibido 6 mil 969 casos de violencia sexual —entre violación sexual, hostigamiento sexual, tocamientos indebidos actos de connotación sexual o actos libidinosos y violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos—. De esta cifra, 1073 corresponden a denuncias de violación sexual y 1666 a hostigamiento sexual.
Reporta un caso de violencia
La línea de atención del Ministerio de Educación está operativa de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., y su acceso es gratuito a nivel nacional. El protocolo a seguir variará dependiendo de la naturaleza de la denuncia presentada. Por ejemplo, en situaciones de acoso escolar (bullying), se implementarán medidas para salvaguardar el bienestar de los afectados.
Por otro lado, cuando se trata de acusaciones de violencia sexual perpetrada por un docente u otro miembro del personal escolar en contra de estudiantes, se activarán procedimientos específicos. Según el portal SiseVe, gestionado por el ministerio, se procederá a la inmediata suspensión del individuo señalado de sus funciones hasta que las investigaciones se concluyan.
En términos de sanciones administrativas, se contempla la separación del profesional del centro educativo privado en casos de instituciones públicas. Sin embargo, en el contexto de escuelas públicas, se procederá a la destitución del cargo en cuestión.