Luego de que el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, instara públicamente a Guillermo Bermejo a ponerse a derecho en el marco del caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, donde se detuvieron a personas cercanas a él, el parlamentario lo acusó de confundir a la población.
“Yo he sido el primero que ha dicho que esto se tiene que aclarar, que se investigue. Al día siguiente de lo sucedido, nos hemos puesto a derecho. Nos hemos quedado sorprendidos porque Ronald Atencio, mi abogado y amigo, ha ido a la Fiscalía y resulta que no estoy ni siquiera como imputado. Sin embargo, han utilizado esta situación para confundir a la población”, expresó en diálogo con Exitosa.
En ese sentido, calificó al premier como “la persona con menos autoridad moral en este país, para tratar de señalar a alguien”, ya que “es el representante de un gobierno de criminales, de asesinos, de matones, que tarde o temprano ellos sí van a terminar en la cárcel”.
Aunque insistió en negar que los detenidos Francisco Jara y Yul Valdivia laboran en su despacho, lo cierto es que, de acuerdo a la tesis fiscal, ambos fueron “asesores en la sombra” del parlamentario.
Sobre Jara, “se atribuye que en su condición de personal técnico del despacho congresal del congresista Guillermo Bermejo Rojas, sería uno de sus hombres de confianza, al haberse integrado a la presunta organización criminal denominada ‘Red Criminal en el Poder’ liderada por José Pedro Castillo Terrones e integrada por otros funcionarios públicos y sujetos particulares desde el año 2022, desde la cual vendría desarrollando actividades”.
“Su misión habría sido recibir en el Congreso de la República a los demás investigados de la organización criminal, los operadores de la reconstrucción, y con ellos coordinar los porcentajes de dinero ilícito que le correspondía a cada uno, en dicha coordinación habría participado con el investigado Mario Felipe Jair Espinoza Vera, conforme —según el fiscal— se advierte en los audios este último conversa con el investigado Fernando Ipanaqué Mendoza preguntando si Jaime se encontraba con el líder de la organización criminal”, precisa el documento.
Mientras que, en el caso de Valdivia, se precisa que “en su condición de persona natural o particular, haberse presentado ante servidores y funcionarios públicos en calidad de asesor del congresista Guillermo Bermejo Rojas, a pesar de no tener vínculo formal laboral con el aludido congresista, pues conforme se visualiza de los registros de visitas de ingresos y salidas al despacho de Guillermo Bermejo Rojas, el investigado habría ingresado de manera permanente al despacho congresal, siendo uno de los hombres de confianza del señalado congresista, la imputación es haberse integrado a la presunta organización criminal ‘Red Criminal en el Poder’ liderada por José Pedro Castillo Terrones desde el año 2022, fecha desde la cual vendría desarrollando actividades”.
¿Qué dijo Alberto Otárola?
En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier se refirió al caso y aseguró que “el único juego en pared que hemos conocido ha sido el juego de los asesores del señor Bermejo con empresarios y funcionarios corruptos”.
“Es por eso que solicitamos que se ponga a disposición de la justicia y responda por las gravísimas acusaciones que tiene este congresista respecto a gente que ha trabajado con él o trabajaría con él”, mencionó el alto funcionario.
Asimismo, rechazó que la Autoridad para la Reconstrucción de Cambios, entidad “pensada para ayudar a los más pobres, se haya convertido en un nido de víboras en el que algunos funcionarios, asesores y personas inescrupulosas venían cobrando cupos precisamente en la asignación de presupuesto para la construcción de obras que tanto requieren los más desposeídos”.
“Nos ponemos a disposición de la Policía y Fiscalía para brindar todas las facilidades y se conozca la verdad respecto de estas bochornosas coimas que nos avergüenzan como peruanos y que tienen que servir de modelo para que esto cambie”, acotó.
Como se recuerda, de acuerdo a la fiscalía, esta entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue utilizada para adjudicar millonarias obras a cambio de coimas para pagar la defensa legal del expresidente Pedro Castillo.
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