Las legisladoras Sigrid Bazán y Ruth Luque, integrantes de Juntos por el Perú – Cambio Democrático, denunciaron este martes que el Fondo Editorial del Congreso ha tergiversado la historia y justificado el autogolpe de Alberto Fujimori en un texto escolar impreso con fondos públicos.
A través de un oficio, Bazán solicitó información al presidente del Congreso, Alejandro Soto, sobre esta publicación —titulada ‘Constitución Política del Perú para Escolares’ y publicada en julio pasado— que “hace apología al exdictador, condenado por corrupción y asesinato”.
La diputada también requirió precisar cuántos ejemplares fueron impresos, cuál fue el costo de edición e impresión, y cuáles fueron las “referencias y hojas de vida del autor” de esta y otras dos publicaciones.
Luque, por su parte, expuso que el texto dirigido a estudiantes también omitió “ciertos artículos” de la Constitución de 1993, referidos, por ejemplo, a la autonomía y las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, y sobre derechos políticos y deberes.
“En resumen, 5000 ejemplares, impresos en papel couché, donde además de reescribir una parte de la historia, se omiten artículos, o se colocan sin criterio ciertos contenidos”, consideró la congresista.
El politólogo José Alejandro Godoy, autor de ‘El último dictador’, señaló que el Fondo Editorial del Congreso ha sido tomado por Fuerza Popular y que, a la fecha, es dirigido por la excongresista fujimorista, Milagros Takayama.
“Eso explica la tergiversación histórica grosera”, indicó en un hilo de la red social X, antes Twitter, donde aclaró que Fujimori violó su propia Constitución “como le dio la gana”. El 5 de abril de 1992, el recluido en Barbadillo compareció en la televisión para anunciar la disolución del Congreso bicameral y la “reorganización” del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Fiscalía.
Poco después, los tanques de la División Blindada salieron a las calles de Lima y rodearon el Congreso, el Palacio de Justicia y los principales edificios institucionales. Los militares, de igual modo, arrestaron a dirigentes opositores.
Fujimori fundamentó su decisión de constituir un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” en que el Congreso, donde carecía de mayoría, era “obstruccionista” y le impedía gobernar.
“A la inoperancia del Parlamento y corrupción del Poder Judicial se suma la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del Gobierno por parte de algunas cúpulas partidarias (...) con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que precisamente ellas dejaron”, dijo aquella noche de abril.
La decisión ocurrió en un contexto político y social especialmente convulso, con las acciones violentas de Sendero Luminoso y la “guerra sucia” del aparato del Estado contra el movimiento guerrillero. El autogolpe fue mayoritariamente apoyado por la ciudadanía, que poco después ratificó en referéndum las reformas constitucionales propuestas por Fujimori, reelegido en 1995 y en 2000.
Gustavo Gorriti, fundador de IDL-Reporteros, fue uno de los periodistas secuestrados y recluido en el cuartel general del Ejército, donde se torturó y asesinó a opositores al régimen. Tiempo después, los opositores arrestados presentaron denuncias por secuestro, ya que sus detenciones se habían llevado a cabo al margen de lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la fecha, Fujimori está condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. En mayo pasado, reapareció en una audiencia judicial sobre el pedido de ampliación de la extradición para ser procesado por las esterilizaciones forzadas denunciadas por miles de mujeres residentes en localidades rurales y pobres del país.
El preso octogenario es investigado en este caso por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves y consecuente pérdida de vidas, y violación a los derechos humanos. Sin embargo, para continuar con el juicio, debe haber una autorización de la Corte Suprema de Justicia de Chile, país que lo extraditó a Perú en 2007.
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