La presidenta Dina Boluarte descartó de plano este miércoles que el Perú vaya a implementar un modelo similar al del líder salvadoreño, Nayib Bukele, para frenar los índices de criminalidad, como sugirió en la víspera el juez supremo Javier Arévalo, titular de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad. Los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia; en consecuencia, nosotros de la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del Gobierno, conforme de nuestra peculiaridad y particularidad del país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”, dijo en diálogo con TV Perú.
De esa manera, la gobernante cerró la puerta a la propuesta que previamente había sido respaldada por el primer ministro, Alberto Otárola, quien afirmó que “se podrían” adoptar ciertos métodos.
”El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad [...] Se podría [replicar su método], ciertamente, se podría”, dijo el jefe del Gabinete antes de remarcar que la lucha contra las pandillas organizadas en el país centroamericano ha sido “eficiente”.
El plan de Bukele fue puesto en agenda el último lunes, cuando el presidente del Poder Judicial declaró que el Perú podría tomarlo como ejemplo de estrategias para reducir la delincuencia y homicidios.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, deslizó Arévalo en el Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.
La proposición levantó una ola de críticas ante el régimen de excepción instalado en ese país y por la guerra extrema contra las pandillas a costa de acumular abusos contra los derechos y libertades, como han denunciado diversas organizaciones.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin garantías del debido proceso y aproximadamente 153 muertes bajo custodia estatal.
En el contexto del régimen de excepción —implementado desde marzo de 2022— se han militarizado dos municipios —en el centro y norte del país—, tres comunidades de San Salvador y han sido capturadas más de 71.000 personas señaladas de ser pandilleros.
Previo a este panorama, El Salvador era considerada la nación más violenta del mundo, con tasas de homicidio de 105 por cada 100 mil habitantes (2015).
“La lucha contra las pandillas ha catapultado la popularidad de Bukele, convirtiéndose en el mandatario con más poder —controla también el Parlamento y la judicatura— y con una mayor aprobación desde que hay registros”, reseñó el diario El País en un perfil que define al líder salvadoreño como un “caudillo en estado de excepción”.
Boluarte desestimó que un modelo afín pueda instalarse en Perú y recordó que, para impulsar la lucha contra el crimen y mejorar la seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para poder aprobar medidas con este fin.
La mandataria acudió a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para mostrar su apoyo al coronel de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, amenazado de muerte por bandas criminales.
“Estamos pidiendo 120 días de facultades legislativas al Congreso. Pido al Congreso que lo puedan poner ya en agenda [...] Tenemos que luchar juntos frente a este crimen organizado y lo vamos a lograr”, señaló.
Dijo, de igual modo, que encontró la institución policial “abandonada” y anotó que su Gobierno se compromete a mejorar las infraestructuras donde trabajan, a comprar más material y equipos, y nivelar salarios. “Eso tenemos que resolver, ya hemos coordinado con el ministro del Interior y de Economía, la Policía tiene todo el respaldo para cambiar esta situación”, puntualizó.
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