Contraloría invoca al TC a rechazar inconstitucionalidad de ley que les permite imponer sanciones

A dos días de la audiencia para escuchar el descargo de ambas partes, programada para el próximo 24 de agosto, la Contraloría General de la República advirtió al Tribunal Constitucional (TC) que, de concordar con el Poder Ejecutivo y declarar inconstitucional la Ley 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, se pondría en amenaza la lucha contra la corrupción.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad liderada por Nelson Shack advirtió que, “de ser acogido, supondrá un lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente a la corrupción, porque mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley”.

“Las graves consecuencias de una sentencia a favor de la inconstitucionalidad de dicha ley no solo implicaría dejar sin sanción administrativa, también que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad por los hechos detectados”, explicaron.

Asimismo, ratificaron que “la Ley 31288 cumple con los estándares de constitucionalidad y contribuye adecuadamente a luchar contra la corrupción, la impunidad y le permite al Estado sancionar efectivamente a los malos funcionarios por el grave daño causado a todos los peruanos”.

¿Qué casos se verían favorecidos de hallarse inconstitucional la Ley?

De acuerdo al ente, declararse la inconstitucionalidad favorecería a investigados de los casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo como la compañía Marka Group, el proceso de licitación para la construcción del Puente Tarata, la compra irregular de biodiésel por Petroperú, entre otros.

Como se recuerda, en el caso de la constructora de Sada Goray, la entidad identificó a 26 directivos, funcionarios y servidores públicos involucrados en favorecer irregularmente la empresa de la hoy detenida y sus subsidiarias en la firma de un convenio que le permitió actuar como Entidad Prestamista No Supervisada (EPNS), para otorgar créditos hipotecarios a las familias que deseaban acceder a una vivienda, a través del programa Techo Propio.

Con la firma del convenio con el Fondo Mivivienda S.A., la empresa de Sada Goray participó en seis proyectos inmobiliarios del programa Techo Propio: “Las praderas de Cacatachi” (distrito de Cacatachi, provincia y región de San Martín); “Chiclayo bonito” (distrito de Reque, provincia de Chiclayo, región Lambayeque); “Lima bonita” (distrito de San Bartolo, provincia y región Lima), “Barranca bonita” (distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima); “Piura bonita” (distrito de Castilla, provincia y región Piura); y, “Villas de Alto Larán – Etapa 2″ (distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, región Ica).

Al 31 de diciembre del 2022, el fondo pensado en apoyar a los más pobres, con el fin de que se conviertan en dueños de una casa propia, ha desembolsado un promedio de S/ 151 millones 268 mil 023, correspondiente a 3912 Bonos Familiares Habitacionales (BFH).