Falta de sentencias condenatorias, dificultades en las investigaciones, demoras en los procesos y revictimización. A todo ello se enfrentan las víctimas del periodo del terrorismo o conflicto armado interno. Además, deben lidiar con el lento avance de las medidas de reparación a las que el Estado se comprometió.
El Programa de Reparación en Educación (PRED) registra un avance del 7 % y el Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH) del 7.6 %; debido, principalmente, a que ambas modalidades se ejecutan mediante programas sociales, lo que limita el acceso de las víctimas y desnaturaliza la definición de reparación, según alerta la Defensoría del Pueblo.
“Otro ejemplo de ello, es el Programa de Reparación en Salud, que si bien tiene un avance del 71.8 %, esto se debe a que el cálculo se realizó de acuerdo al número de víctimas que accedieron al Seguro Integral de Salud (SIS), lo que, en estricto, tampoco puede denominarse reparación”, señala Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
Más de 250 mil personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), según los datos de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Por lo que es un gran grupo de personas que aguarda el alivio de los problemas y experiencias traumáticas que dejó el terrorismo de grupos subversivos y de Estado que padecieron.
Más penurias que enfrentan las víctimas
Este 2023 se cumplen los 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR); sin embargo, las familias de los miles de asesinados o ejecutados extrajudicialmente aún luchan por encontrar los restos de sus seres queridos en un contexto de falta de presupuesto.
Y es que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el Equipo Forense Especializado padecen por la falta de asignación económica para realizar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. La primera entidad señala la cifra oficial de 20.329 desaparecidos ya sea por los terroristas de Sendero Luminoso o el MRTA, así como oficiales de las fuerzas del orden del Estado peruano.
“Este ambiente de incertidumbre e inseguridad presupuestaria impide cumplir las metas mínimas contempladas en los documentos señalados, por lo que es necesario elaborar y poner en vigencia la Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con presupuesto propio”, había pedido Percy Castillo, de la Defensoría.
Ante ello, la institución ha señalado que contribuirá en la creación de la “Política Nacional de Reparación para las víctimas del periodo de violencia 1980-2000″, la “Política de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, la “Política de Memoria” y la aprobación de la “Estrategia para la prevención, protección y atención integral de las personas desplazadas internas”, con presupuesto propio. Documentos que son necesarios para que las instituciones involucradas cumplan con su labor, de acuerdo a lo establecido en las normas.
Las familias continúan a la espera de cerrar su círculo de dolor y reinvidicación.
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