Ante el Tribunal Constitucional (TC), la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una demanda competencial en la que solicita la nulidad de dos de “veinte investigaciones” que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto debido a un “conflicto de competencias y atribuciones” que afectan las facultades asignadas al despacho que lidera.
En la demanda competencial, Benavides Vargas indicó que estos procesos vulneran de “manera clara y flagrante” las atribuciones constitucionales asignadas al Ministerio Público, como el procesamiento de las faltas disciplinarias y otras actuaciones administrativas al interior de su institución.
Tras ello, el viernes 18 de agosto la JNJ emitió un comunicado para fijar su postura. “(...) Sí investiga presuntas infracciones disciplinarias de todos los jueces y fiscales del país, las mismas que pueden producirse en ámbitos diversos, como el propio de la gestión administrativa”, se lee en el documento.
Recientemente, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, dio una extensa entrevista a RPP para explicar la demanda competencial de la fiscal general y hacer un análisis prospectivo.
“Nosotros creemos que esta (la demanda competencial) carece de absolutamente de fundamento porque la Junta Nacional de Justicia no está actuando de un modo indebido ni mucho menos prohibido, sino que está ejerciendo una legítima competencia, que es precisamente la del control disciplinario de los jueces y fiscales de todos los niveles del país”, sostuvo.
Respecto al control disciplinario al que hizo referencia, es preciso indicar que Benavides Vargas busca librarse de investigaciones que giran en torno a las presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que sigue la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’.
Si el Tribunal Constitucional falla a favor de la demanda de la fiscal de la Nación, la JNJ quedaría privada de investigar infracciones disciplinarias incurridas en el ámbito de la administración.
“Lo que en definitiva plantea la demanda competencial es que la JNJ no pueda investigar a la fiscal de la Nación respecto de infracciones disciplinarias que podrían producirse en el contexto de actos de administración, como por ejemplo una designación de un magistrado provisional, un desplazamiento de personal, etc.”, indicó al medio local citado.
En otro momento de la entrevista, Aldo Vásquez se mostró optimista por lo que ocurrirá en las próximas semanas respecto a este caso. “Yo creo en primer lugar que el Tribunal Constitucional no va a fallar a favor de la demanda”, aseveró. Agregó que la consigna de la demanda competencial es que la JNJ pueda investigar, exclusivamente, aquellas infracciones que se relacionan directamente con lo que la demanda llama el ámbito jurisdiccional.
Reacciones de abogados tras la demanda competencial de Patricia Benavides
Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya presentado la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de librarse de investigaciones asociadas a los ‘Cuellos Blancos’ y al supuesto uso de su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico, la defensa legal de la fiscal general emitió su juicio de valor.
El constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que las investigaciones contra su patrocinada son “insólitas” y es un “acto de perturbación” a las funciones de la fiscal.
“Ahora tiene un cúmulo de denuncias en donde pretenderían destituirla por cosas absurdas que, en el fondo, esconden una lucha ideológica y política (...). No es posible que la JNJ sea una caja de resonancia para afectar al Ministerio Público”, dijo el letrado en diálogo con Canal N.
“La fiscal fue designada por la JNJ, tiene poco más de 14 meses en el cargo. Es una cosa inédita que una persona que está en funciones y tiene un mandato constitucional tenga tantas denuncias y procesos disciplinarios que terminan perturbando su función”, agregó.
Cabe precisar que además del abogado Quiroga, los intereses del Ministerio Público serán defendidos por el procurador Alfonso Carrizales.
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