El ministro del Interior, Vicente Romero, anticipó este martes que no habrá “favoritismos” en las eventuales sanciones que recaigan sobre los implicados en la denuncia constitucional por presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional (PNP) y refirió que su despacho aguarda un informe al respecto solicitado al Ministerio Público.
“El comandante general [Jorge Angulo] ha hecho un documento para que la fiscal de la Nación nos indique a qué nivel están comprometidos los generales. No hemos recibido respuesta. Estamos a la espera del documento para tomar decisiones”, dijo en diálogo con la prensa.
“Las normas son muy claras y bastante garantistas. Hay plazos que esperar. Pero lo que puedo decir es que cumplimos la ley como corresponde. Acá no hay favoritismos para nadie. Si hay responsabilidades, hay que establecerlas. Si hay alguna responsabilidad, hay que apartarlos del cargo”, remarcó.
Romero precisó que, según la legislación, el comandante Angulo será el encargado de emitir las penalidades contra quienes resulten responsables, aunque anotó que la “decisión política es cero corrupción”.
Angulo, quien reemplazó en marzo pasado al general Raúl Alfaro —separado del cargo a raíz de una investigación fiscal—, confirmó que pediría la remoción de los investigados en las próximas horas. “Estos cambios o movimientos no están a mi alcance, sino de la presidenta. Para todo hay procedimientos regulares que debemos respetar”, indicó.
La casa y oficina de Alfaro habían sido allanadas entonces, tras la difusión de una fotografía en la que aparecía junto con Jorge Hernández, un ciudadano español denunciado por ser integrante de una supuesta red de espionaje organizada durante el gobierno de Castillo.
Hace más de una semana, la fiscal general, Patricia Benavides, presentó por este caso una acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), preso en Barbadillo por cargos de corrupción y rebelión, y su exministro de Defensa, Walter Ayala.
El Ministerio Público precisó que a ambos “se les imputa ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros”.
“Si se comprueba que un policía ha pagado por el ascenso, no debe pertenecer más a la institución. No solo por los indicios, sino por respeto a la institución policial. Eso es lo que pensamos desde el gobierno de Dina Boluarte”, consideró el premier Alberto Otárola.
Según un informe de Perú 21, Benavides ubica a al menos diez generales en un esquema de coimas, “tanto de manera directa como a través de terceros”, para lograr ascender de puesto en 2021, cuando ostentaban el grado de coroneles. La nómina incluye a los jefes policiales de Lima y Callao.
La tesis fiscal detalla “sumas que oscilarían entre veinte mil y cuarenta mil dólares americanos cada uno, las que eran entregadas a través del presunto ‘cajero’ de la organización criminal, el suboficial PNP Jorge Tarrillo”, miembro de la escolta presidencial.
En rigor, el excomandante habría “promovido la elaboración de una directiva que regule el proceso de selección, mediante la cual se otorgue mayor poder discrecional en las evaluaciones al alto mando policial, lo cual no podría darse de otra manera que elevando el puntaje de indicadores subjetivos como la entrevista personal”.
De acuerdo con el Ministerio Público, dos semanas antes de finalizado el proceso de ascensos, el exgobernante habría ordenado a Bruno Pacheco, exsecretario de su despacho, recibir de Tarrillo una lista con nombres de coroneles que, después de una entrevista, escalarían irregularmente al grado de generales.
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